La iglesia y la pedofilia

Aciertos y omisiones en el caso del obispo Miranda
 

Fiscalía de Ayacucho abrió investigación por pedofilia contra el ex obispo auxiliar de esa diócesis Gabino Miranda Melgarejo. Esta decisión fue adoptada de oficio luego de que un columnista de nuestro diario diese la alarma. Miranda fue destituido hace más de 40 días.

Según revela el corresponsal de La República en Ayacucho, el obispo de esa jurisdicción comunicó el 15 de agosto a la Iglesia la destitución de Miranda y su expulsión del estado clerical.

El fulminante proceso contra el obispo se realizó en mérito a las nuevas reglas canónicas. El año 2010 se reformó el documento De Delicta Graviora endureciendo la lucha contra la pederastia en la iglesia, ampliando el plazo para la denuncia, introduciendo el delito de adquisición y difusión de pornografía infantil y estableciendo que los casos graves sean presentados directamente al Papa.


Al intervenir en este caso con base en el derecho canónico, la Iglesia actuó con pruebas y recabado los testimonios de la (las) víctima (s) y de sus familiares. Esta información no ha sido derivada a las autoridades civiles. Por tal razón, la fiscalía cuestiona que habiendo conocido el caso, la jerarquía eclesiástica ayacuchana y nacional no denunciara el caso en la oficina del vicario judicial ni haya publicado una versión oficial.

En mayo de 2011, una circular válida para efectos del derecho canónico, el cardenal estadounidense William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenó a los obispos denunciar y llevar ante la justicia civil a los miembros del clero sospechosos de pedofilia, recordando que el abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Estos esfuerzos se orientan a evitar que estos delitos queden en el secreto e impulsan a las conferencias episcopales a desarrollar programas de prevención y escuchar y reparar a las víctimas.

Son contradictorias con el espíritu universal de la Iglesia las palabras del Cardenal primado de la iglesia peruana, Juan Luis Cipriani, quien ha relativizado el caso del obispo peruano y criticado la denuncia pública del reconocido obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén. Se puede afirmar lo mismo del comunicado del Opus Dei en el Perú centrado en explicar que Miranda no pertenece a su prelatura, una verdad a medias, y donde se extraña la solidaridad con las víctimas; en lugar de ello, señala que desde 1989 “nadie tuvo sospechas sobre su comportamiento” y que el interesado (Miranda) niega cualquier delito con menores.

Es lamentable asimismo que el Presidente de la Conferencia Episcopal difiera hasta su regreso al país la explicación de los hechos. Esta actitud dista de la que adoptan otras conferencias episcopales en la región; por ejemplo, en abril de 2010 la iglesia chilena pidió perdón por los casos de pederastia denunciados y exhortó a las víctimas a denunciar estos delitos.

Esta es una oportunidad propicia para que desde la sociedad se reclame una reflexión seria y un cambio en la jerarquía eclesiástica peruana en este ámbito. Los casos se suman año a año; en febrero de 2011, Sodalicio de Vida Cristiana canceló el proceso de beatificación de su líder Germán Doig debido a gravísimas acusaciones sin revelar si los hechos han sido juzgados por la ley penal. En mayo de ese año se descubrió que en Moquegua servía un sacerdote belga a quien la justicia de su país reabrió un expediente judicial por tres casos de abuso sexual de menores. El sacerdote fue suspendido pero el obispo de esa diócesis se ha negado a informar sobre el desenlace del caso. Luego, se han denunciado otros casos en Pucusana y Vitarte, en Lima, sin tener información posterior de las autoridades de las diócesis.

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