El combate a la minería ilegal

La promulgación de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal constituye un paso importante en la lucha contra este flagelo.

 

Hace tres días se promulgó un DS que no debe quedar inadvertido, pues en él se fijan los lineamientos para el trabajo de los operativos de erradicación de la minería ilegal que, de ahora en adelante, serán diarios. Se ha completado el marco normativo y quienes sean detenidos practicando la minería ilegal podrán ser acusados de trata de personas, evasión tributaria y daños ambientales, afirmó Daniel Urresti, encargado de formalización en la PCM.


El alto funcionario explicó que se ha establecido que las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios concentran el 50% de la actividad minera ilegal, y que la meta nacional fijada es su erradicación en un 40% a fines del 2014. Añadió que en febrero se creará en la Interoceánica una base policial con 200 efectivos cuyo único objetivo será la erradicación. Al mismo tiempo, se controlará el ingreso de insumos como combustibles y mercurio y no se abrirán más grifos.
La minería aluvial ilegal se controlará mediante patrullaje diario de la Marina de Guerra en las cuencas de los ríos Madre de Dios e Inambari. Esta tarea ya ha comenzado, con la destrucción de 13 artilugios fluviales instalados en los ríos Malinowski y Tambopata, algunos de ellos dentro de la reserva nacional. Otro control se efectuará con patrullajes aéreos dos o tres veces al mes en zonas como La Pampa, Huepetuhe y Quincemil.

Hace bien el Estado en centrar su atención en Madre de Dios, donde se sigue dando una catástrofe ambiental enorme   –la cual puede advertirse en fotos satelitales que evidencian deforestación y tierra asolada– debido a la irracional extracción de oro. El drama de esta región con 304 empresas auríferas –de las cuales solo 67 son formales– tiende a reiterarse en Puno y Cusco, con cuadros de sobreexplotación, trata de personas y evasión tributaria.

Se ignora la cifra exacta de mineros ilegales, aunque hay estimaciones que los sitúan en doscientos mil, de los cuales 69.083 han presentado declaración para formalizarse, un plazo que concluye inexorablemente el 19 de abril. Pero cuando esto suceda, puede apostarse que subsistirá un alto número que prefiere seguir en la ilegalidad, que mueve dos mil millones de dólares anuales, de los cuales unos 500 millones deja de cobrar el Estado. Por ello, hay economistas que estiman que se trata de un desafío tan grave como el narcotráfico.

Cuando, a fines del anterior gobierno, se realizó una activa campaña que implicó la interdicción de emplear dragas en los ríos amazónicos y el bombardeo de aquellas ilegales, se alegó que se trataba de pequeños mineros a los que se negaba el derecho al trabajo. Habría de saber que cada draga tiene un costo de US$ 100.000 y que en verdad estamos ante intermediarios de mafias a las que no importa el daño ecológico ni el arrojo anual de 32.000 toneladas de mercurio, con envenenamiento de suelo, subsuelo y cursos de agua.

Por lo mismo, estamos ante una lucha desigual y de largo aliento. Pero es bueno saber que hoy existen modalidades y estrategias en esta y que hay plazos corriendo para lograr afirmar la presencia del Estado en lo que quiso ser tierra de nadie. La región de Madre de Dios es un paraíso ecológico y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. En actividades como el turismo tiene un futuro asegurado y próspero; no en manos de mafias que, acabado el oro, solo dejan miseria y paisaje arrasado.

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