Discrepamos y defendemos

Es ilegal procesar a Gregorio Santos por sus opiniones.
 

Las expresiones del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, el pasado 5 de junio, en el sentido que sería factible cortar el mandato del presidente Ollanta Humala por no cumplir sus promesas no fueron políticamente correctas ni adecuadas en el marco del conflicto sobre el proyecto Conga, cuando el país demanda una cuota de tolerancia y diálogo. Santos ha preferido cuestionar la legitimidad de su interlocutor en lugar de acercar posiciones recurriendo a una estrategia tradicional y criolla, es decir, planteando que las cosas vuelvan a su punto inicial. Sus palabras han ido dirigidas a la Presidencia de la República, una instancia fundamental del proceso político, cuya estabilidad debe ser protegida en un país precisamente presidencialista y donde no se tiene otro garante del pacto social además del Jefe de Estado.

Sin embargo, sus palabras corresponden al ejercicio del derecho de opinión protegido por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Solo las dictaduras clásicas, y los recientes gobiernos autoritarios de la región, señalados con nombre propio en sonados casos, pueden confundir las opiniones con delitos de sedición, rebelión o motín y procesar a ciudadanos a causa de sus expresiones.

En el caso de Santos, la decisión del Ministerio Público de investigarlo por apología de la rebelión es ilegal.

También lo es la postura adelantada, mediática y extraproceso del Fiscal de la Nación, que parece dirigirse a violentar la discrecionalidad de los fiscales. Se puede decir lo mismo de las reuniones de las juntas de fiscales en Cajamarca y Lambayeque para acoger o desechar jurisdicción, excediendo las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

No se debe olvidar que la defensa del Estado está a cargo de los procuradores, que el Ministerio Público no se encuentra al servicio del gobierno sino de la sociedad a la que representa, y que entre sus funciones se cuentan defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos, incluyendo el de opinión.

La acusación de apología en este caso no se sostiene porque la rebelión es un delito que, de acuerdo al Código Penal, debe contener: 1) el alzamiento en armas; 2) el propósito de variar la forma de gobierno; y 3) el intento o la deposición del gobierno legalmente constituido o la modificación del régimen constitucional. No se entiende cómo se ha producido la apología de hechos inexistentes o, peor aún, que una opinión expresada en un mitin sea confundida con un golpe de Estado.

La sobreactuación de algunos sectores, que aprovechan este evento para resolver por otros medios el problema alrededor del proyecto Conga, conduce contrariamente al debilitamiento de la institución presidencial. Las opiniones de Santos como las expresiones ese mismo día del presidente del Consejo de Ministros deben ser tomadas como puntos de vista al interior del proceso, democráticas aunque se ubiquen en posturas extremas. Fue ese el temperamento adoptado cuando se opinaba sobre la salida del poder del presidente Alejandro Toledo. La justicia intervino con rigor, sin embargo, cuando se produjo la asonada de Andahuaylas el 2005.

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