Consulta y vacío

Relanzar el proceso de aplicación Ley de Consulta Previa

 

La renuncia del viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Iván Lanegra, ocasionada por las diferencias en el gobierno sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa, deja a esta norma frente a un riesgoso vacío después de 20 meses de su aprobación.

Ha trascendido que la renuncia del viceministro se origina puntualmente en la exclusión de la consulta previa de las comunidades quechuahablantes ubicadas en las zonas andinas, donde también se localizan proyectos mineros. Un sector del Ejecutivo no considera a estas comunidades ni indígenas ni originarias, por lo que solo las comunidades amazónicas y algunos grupos aymaras en el sur del país aplicarían al ámbito de esta norma.

La Ley de Consulta Previa fue aprobada en agosto del 2011 en el Parlamento con una amplia mayoría de 113 votos como un instrumento orientado a reivindicar los derechos que comporta la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas y pueblos originarios de todo el país; este acto fue calificado como un hecho histórico que forma parte del enfoque de inclusión social planteado por el gobierno que en ese momento iniciaba sus funciones.

Entonces se resaltó la relación y concordancia de la Ley con el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el Perú en 1995.

La Ley originó desde el inicio fricciones en el gobierno. Como difundiera La República en febrero de este año, la Base de Datos de Pueblos Indígenas elaborada por el Viceministerio de Interculturalidad se encuentra lista desde junio del año pasado sin que hasta ahora se haya revelado su contenido. Dicha Base de Datos habría resuelto la discusión sobre que son pueblos indígenas y las variables que determinan la inclusión de una comunidad en esa lista.

Semanas previas trascendió que la Base de Datos reconoce oficialmente 48 culturas amazónicas y 4 culturas andinas (los jaqaru en la sierra de Lima, los uros en las islas de Lago Titicaca, los aymara y los quechua). Con esta determinación, por ejemplo, se cumpliría el estándar que permite la realización de la Consulta Previa en la comunidad quechua de San Juan de Cañaris (Lambayeque) solicitada por la Defensoría del Pueblo. En este caso, el 64% de la población de Cañaris tiene al quechua como primer idioma, en tanto que el proyecto cañariaco, un emprendimiento minero, abarca gran parte del territorio de la comunidad.

El proceso de aplicación de la ley se encontraba avanzado hasta que las presiones de varios ministerios eliminaron a las comunidades quechuas de la Base de Datos. Hasta ese momento, el trabajo realizado incluía la verificación de pueblos indígenas en 14 proyectos de exploración y la elaboración de la Guía Metodológica para la Implementación del Derecho de Consulta Previa.

En el juego de posiciones se ha impuesto una visión restrictiva de la ley que terminará por invalidar su contenido. Es el momento de producir una reflexión en la dimensión del debate ocurrido en el Parlamento en agosto del 2011, cuando la representación parlamentaria y el país eran conscientes de que se requería una norma que equilibre la inversión privada con el entorno social y los derechos ambientales de las poblaciones.

El proceso de aplicación de la Ley de Consulta Previa debe ser relanzado respetando su contenido y aspiración inclusiva; dejarla en el vacío o restringir su aplicación traería consecuencias que afectarían la gobernabilidad, devolviéndonos a periodos que se consideran superados, como la tragedia de Bagua del 2009 o los centenares de conflictos sociales cruentos de los últimos años.

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