Política antidroga con evidencia

24 Sep 2016 | 19:00 h

Días antes de la toma de mando del Presidente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en alianza con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), compartió una grata noticia con el país.

Por quinto año consecutivo la superficie del cultivo de coca disminuyó, en 6,1% para ser preciso. En 2015, la superficie de hoja de coca se ubicó en 40,300 hectáreas, la menor superficie reportada en 15 años.

La cifra es fruto de la investigación científica del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC que constituye la línea base de la política anti-droga.

Sin este instrumento, a cualquier política de reducción de la oferta (p.ej. interdicción o desarrollo alternativo), o de la demanda (p.ej. prevención), le faltaría sustento científico. Permite a los gobernantes tomar decisiones basadas en evidencias.

Con el ánimo de ser más eficaces, hay que producir datos que ayuden a diseñar políticas públicas de punta, como lo recomienda la Sesión Especial sobre el Problema Mundial de las Drogas.

El país se beneficiaría al saber la cantidad de cocaína que se produce para el consumo, hoy solo se conoce la producción de la hoja de coca. El camino legal ya parece despejado, y UNODC brindaría su know-how a las autoridades competentes.

Así, se pueden delinear políticas innovadoras:

• Determinar los tipos y las cantidades requeridas de precursores químicos para transformar el total de hoja de coca producida (sin considerar la de consumo tradicional) en cocaína.

• Sistematizar y analizar los datos sobre la detección y medición satelital de pistas de aterrizaje clandestinas para la salida aérea de los derivados de coca.

• Actualizar las rutas del narcotráfico terrestre y fluvial de los derivados de coca, tomando en cuenta que muchos de los canales de distribución externa de la droga son compartidos por otros delitos vinculados al crimen organizado.

• Levantar un catastro cocalero y elaborar un nuevo padrón de productores a ser administrado por la Empresa Nacional de la Coca, para discriminar la condición lícita e ilícita de cultivos de coca.

Más allá de la interdicción, sería conveniente realizar un seguimiento sistemático al desarrollo alternativo, potenciando la tecnología y la investigación en favor del modelo peruano que está inspirando internacionalmente.

Sería importante contar con un sistema integral que localice, mida y caracterice la superficie, productividad e impacto socioeconómico de los cultivos lícitos. El cacao y el café, así como nuevos emprendimientos productivos y servicios, permitirán que el agricultor se reincorpore a la legalidad, bajo parámetros de seguridad y Estado de derecho.

Esta propuesta ayudaría a superar los vacíos respecto al diseño, implementación y evaluación de las intervenciones, aportando indicadores y análisis de las tendencias del desarrollo alternativo peruano para nutrir el Informe Mundial sobre las drogas.

En el área de la reducción de la demanda, el Perú se beneficiaría con una nueva encuesta nacional de consumo de drogas en la población general para conocer la magnitud, características, consecuencias y factores asociados al consumo de drogas.

Las ideas mencionadas mejorarían la capacidad nacional para medir y evaluar las políticas antidroga, lo que redunda en el fortalecimiento del Perú para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Además, estos se alinean con las propuestas presentadas por el Primer ministro Fernando Zavala el 18 de agosto ante el Congreso que señalan la implementación de “sistemas de interdicción en las zonas cocaleras, en las rutas de salida y embarque de drogas”, y la promoción de “estrategias integrales con un fuerte componente de inversión social y productiva”.

En resumen, se trata de mejorar la vida de los seres humanos, sea el campesino cocalero, el consumidor callejero o el ciudadano común y corriente que sufre las consecuencias de las drogas. Confiamos que la nueva Presidenta Ejecutiva de DEVIDA, Dra. Carmen Masías, compartirá esta visión al momento de diseñar la nueva estrategia nacional de lucha contra las drogas.

(*) Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador

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