El inspector talado

Luego de impactantes decomisos de madera ilegal, el gobierno despidió al jefe de OSINFOR. Una ONG denuncia que Humala les hace el juego a las mafias. Un talador intervenido arguye inocencia. ¿Qué ocurre?

26 Ene 2016 | 4:54 h

El 15 de enero pasado, el gobierno cesó a Rolando Navarro como presidente de OSINFOR, la entidad que monitorea las concesiones forestales. Hacía dos meses OSINFOR había hecho noticia al inmovilizar 1312 metros cúbicos de madera ilegal, valorizados en 1.6 millones de soles, que iban a ser exportados a México y los Estados Unidos.
 
 
Anteriormente ya se había realizado un gran decomiso en Houston de madera procedente de la Amazonía peruana. Aún se encuentra inmovilizada en los Estados Unidos. La semana pasada, en República Dominicana, hubo otra intervención.
 
Ha habido otros operativos impulsados por Navarro junto con la fiscalía ambiental y la superintendencia de Aduanas de la SUNAT. Se supone que se correspondían con una nueva política del Poder Ejecutivo. ¿Por qué, entonces, fue destituido?
 

Mensaje presidencial

José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dijo que el gobierno debe explicar la destitución, porque Navarro era su rostro para luchar contra la tala ilegal. Es que el ex funcionario fue talado durante el curso de operativos que suscitan protestas de las mafias que supuestamente dominan la actividad extractiva. El mismo día de destitución, la ONG estadounidense Agencia de Investigación Ambiental, EIA por sus siglas en inglés, sostuvo que con esta medida el gobierno peruano había optado por sacrificar sus bosques “para favorecer intereses empresariales atrincherados e ilícitos”. EIA sostiene que el sector maderero peruano opera con una tasa de ilegalidad de al menos el 80% de su producción.
 
–Al despedir a Navarro, el presidente Humala envía a los demás funcionarios públicos el mensaje de que no intenten detener a la mafia de la tala ilegal –dijo Julia Urrunaga, directora del programa de Perú en EIA.
 
Diez días después, el gobierno aún no explica por qué decidió descabezar a OSINFOR.  Navarro tampoco dijo lo suyo. El día del despido, el Primer Ministro Pedro Cateriano se reunió en Washington con William Shannon, consejero político del Secretario de Estado norteamericano. En la cita destacó los avances de la colaboración bilateral entre el Perú y los Estados Unidos, y mencionó específicamente la lucha contra la tala ilegal. Cateriano no firmó la resolución de cese de Navarro. Fueron Ollanta Humala y la canciller Ana Sánchez, encargada de la PCM.
 

Un contexto corrupto

OSINFOR realiza acciones de control recopilando Guías de Transporte Forestal (GTF) de la madera exportada, con las cuales supervisa las áreas habilitadas. Hasta julio del 2015 descubrió una movilización ilegal de cincuenta millones de pies tablares, el  80% en Loreto. Los taladores habilitados eran empresas concesionadas, comunidades e individuos. En la mayoría de casos los documentos de habilitación, o eran adulterados, o, siendo legítimos, cubrían o “blanqueaban” madera ilícita. Ahora bien, OSINFOR aún no tiene una base de datos con los títulos habilitantes. Hace inspecciones de campo a partir de documentación remitida por la SUNAT. Las autorizaciones sectoriales deben serle enviadas por ley, pero no ocurre.

 
Toda la actividad de extracción aún se realiza en un ambiente informal. Especialmente en Loreto, donde la mayor parte de los árboles exportados proceden de la extracción de nativos que los talan de sus predios, o de los del vecino, o de los del pariente, en condiciones artesanales y peligrosas. La madera es trasladada a puntos de acopio bajo formas inverosímiles. “La mayor parte de la documentación de esta actividad es dudosa o falsa”, dijo un especialista. La actividad fiscalizadora aún no es aceptada y en Iquitos hubo protestas contra OSINFOR. Un ataúd con el nombre de Navarro fue paseado por las calles de la ciudad en noviembre pasado.
 

Un talador protesta

En este contexto, ¿puede equivocarse OSINFOR? Fernando Esteves, un talador de Loreto que vende su producción a la empresa canadiense Compañía Industrial Forestal (CIF)  –la que a su vez exporta a los Estados Unidos–, está en Lima exigiendo una inspección multisectorial al predio que maneja. La madera de CIF fue inmovilizada en Houston. Esteves tenía permisos válidos para extraer madera de la comunidad Progreso de Nucuray, con expediente técnico y planes aprobados por el programa regional de manejo forestal, previa comprobación en el campo. Extrajo la madera entre febrero y mayo del 2015.
 
En setiembre, una inspección ocular de OSINFOR determinó que no había habido tala durante el año. La madera obtenida, concluyó, procedía de  una extracción anterior, ilícita. De modo que Esteves, con autorizaciones obtenidas para un terreno intocado, estaría lavando una madera ilegal. OSINFOR suspendió los permisos e inició procedimiento sancionador. Esto invalidó la exportación cuando el producto ya estaba en los Estados Unidos.
 
Esteves ha recaudado todas las evidencias de que la extracción de madera sí se hizo en el período declarado, entre ellas múltiples testimonios,  reportes computarizados de la actividad de las máquinas, y peritajes que objetan el que hizo OSINFOR. La madera que extrajo corresponde a un diez por ciento del volumen incautado en Houston.
–Yo no respondo por la totalidad del embarque ni por otros taladores –dijo–. Hablo por mi cargamento, que es legítimo.
 

Dudas gubernativas

El Yaku Kallpa, un barco con madera supuestamente ilegal de Loreto, se acerca por estos días a costas de los Estados Unidos, y es previsible que el cargamento sea retenido en el puerto. Las implicancias de los operativos en los Estados Unidos, donde las autoridades pueden encarcelar al importador norteamericano por traer cargamento ilegal, habrían atemorizado a Ollanta Humala. Si casi toda la madera del Perú es “ilegal”, la exportación de madera quedaría anulada por buen tiempo.
 
De acuerdo con una fuente conocedora de lo que ocurrió en el Poder Ejecutivo, en el gobierno hay dos actitudes. Una estaría por apoyar a fondo lo que hacen OSINFOR y la SUNAT. Y otra encuentra imperfectas las incautaciones. Por lo menos tres ministerios –Producción, Agricultura y MINCETUR– encuentran irrazonable que una simple inspección de OSINFOR, por mucho que se haga con la fiscalía y la SUNAT, invalide documentos estatales habilitantes. Sin embargo, es un hecho que buena parte de esta documentación es empleada u obtenida fraudulentamente ¿Quién dirime?  ¿La justicia norteamericana? En algún lado hay un vacío de institucionalidad en el Perú.
 
“Sabemos que la mayoría de lo que se exporta es madera ilícita, pero hay que demostrar la ilicitud de todo el proceso”, dijo una fuente.
 
Si la madera de Esteves y de CIF fue extraída ilícitamente, deberían ir presos, de acuerdo con la legislación vigente, los ejecutivos de ambas empresas, el dirigente de la comunidad que se prestó a la adulteración, y el funcionario del gobierno regional que hizo la inspección previa. Por lo menos. Los cargamentos de CIF son investigados en otros embarques. ¿Pero si el inspector de campo se equivocó? ¿O quiso añadir cuerpo a un operativo de gran impacto, lo que también es fraudulento? Esteves no ha encontrado respuesta en OSINFOR. En las próximas semanas, a su pedido, Servicio Nacional Forestal, SERFOR, realizará una inspección de campo con el Ministerio Público y expertos de los sectores concernidos, para que se esclarezcan definitivamente las acusaciones que le hicieron.  Así, por lo menos en el caso de la madera extraída de la comunidad Nucuray, será posible conocer toda la verdad.

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