La desaparición de Jaime Ayala: 14 años solo en investigación

Impunidad. Desde 2001, este caso -que incluye a más de medio centenar de víctimas de violaciones a DDHH en Huanta en 1984– está entrampado en indagación preliminar, sin llegar a juicio.

25 Dic 2015 | 23:30 h

En una historia sin fin se ha convertido la investigación preliminar de la desaparición del corresponsal de La República en Huanta, Jaime Ayala Sulca, de quien no se supo nada desde el 2 de agosto de 1984, cuando ingresó al destacamento de la Marina de Guerra, en el estadio municipal de esa provincia ayacuchana.
 
El caso lleva 14 años en indagación, pasando de la Fiscalía al juzgado, y este devolviéndolo al Ministerio Público, sin que hasta ahora se procese a los responsables.
 
Su esposa, Rosa Pallqui, recuerda que desde un inicio hubo limitaciones. En esos años comenzó un proceso, pero cuando llegó al Juzgado Ad Hoc de Huamanga el principal acusado, el oficial de la Marina Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como "comandante Camión", fue supuestamente secuestrado y años después se declaró su muerte presunta.
 
El otro denunciado, el oficial de Mar de 2da Román Martínez Heredia, hizo abandono de destino. El caso se mantuvo en reserva porque los acusados estaban como no habidos.
 
"El año 2001 se reabrió la denuncia por un compromiso de solución amistosa del Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en la práctica se inició al año siguiente cuando se creó las fiscalías especializadas. Entonces se tomó como caso patrón e integraron a casi  60 víctimas más, desaparecidas y asesinadas por la Marina en esa época", relató Pallqui. Entre ellas estaban las 49 personas halladas sin vida en las fosas de Pucayacu.
 
Así, la investigación llegó a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, que tomó declaraciones a numerosos testigos y familiares de las víctimas. En el 2006 se formuló la denuncia penal contra los que fueron altos mandos de la Marina y el Ejército en Ayacucho y Huanta en 1984 y el caso fue derivado al Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, que lo archivó.
 
En apelación se elevó a la Sala Penal Nacional, que en setiembre del 2007 devolvió la denuncia a la Fiscalía para que subsane algunas observaciones.
 
 
Al año siguiente el caso regresó a la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, que luego de tres años lo remitió al Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima. Finalmente, pasó a la Sala Penal Nacional con el expediente Nº 109-2011. En este momento se sumó el asesinato de seis evangélicos del pago de Callqui, que fue separado al inicio.
 
Una vez más se solicitó reunir declaraciones y, tras una serie de diligencias, desde julio último el caso está en manos del titular de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, Jesús Prado, quien debe decidir si formaliza la acusación fiscal.
 
"Me dijeron que este año se formularía la denuncia para que empiece el juicio oral, pero estamos acabando el 2015 y hasta ahora no se pronuncian. Parece que no hay voluntad para que se procese a los culpables", lamentó la esposa de Ayala.

Excesivo tiempo

El abogado de Paz y Esperanza que ve el caso de Callqui, Milton Córdova, precisó que la ley establece un plazo de 20 días para que la Fiscalía se pronuncie en un expediente regular.
 
"Es cierto que este es un caso con varios tomos, pero todo este proceso ha tomado un tiempo excesivo. Los familiares están preocupados, pues han pasado 31 años y no encuentran justicia", manifestó.
 
Por su lado, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, que representa a varios desaparecidos de Huanta, señaló que a lo largo de todos estos años se han tomado cientos de declaraciones y se han reunido pruebas suficientes para que se inicie el juicio oral.
 
"Además, aún no entregan los restos que se exhumaron (en el 2009) en el cementerio de Huanta, donde estaban los restos de Pucayacu, y ni siquiera han respondido al pedido de hacer más exhumaciones, porque faltan cuerpos", indicó.
 
Mientras tanto, los familiares siguen esperando justicia.

La clave

Los acusados de violaciones a derechos humanos en Huanta en 1984 son el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno; el jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano; y el jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco.

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