Todos están amarrados

La frase del año para los encuestados sobre la corrupción. Los candidatos aún no proponen nada. La gente no espera que el nuevo gobierno resolverá lo que considera el problema número uno del Estado.
 

15 Dic 2015 | 4:30 h

Hace pocos días fue presentada, con los comentarios de un panel de expertos, la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, que Ipsos prepara hace nueve años para Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. En cierto sentido, los resultados podían preverse. Permiten concluir que la gente percibe que hay mucha corrupción y que aprendió a vivir con ella, al punto que apoyaría políticamente al que roba y hace obra. Este extremo es el que siempre llama la atención, aunque a estas alturas ya no es novedad. 
 
 
¿Qué es lo nuevo este año? Que muy pocos esperan que el problema se resuelva.
 

LA PEOR NOTICIA

Al presentar la encuesta en la Universidad del Pacífico, el presidente de Ipsos, Alfredo Torres, confirmó que la corrupción es el segundo mayor problema del país. Desde hace varios años el primero es la inseguridad. Los encuestados no vacilan, sin embargo, en señalar a la corrupción como la principal dolencia del Estado. Es percibida como una mancha creciente en las entidades públicas. Por otra parte, solo los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo tienen nota aprobatoria como instituciones que luchan contra la corrupción. Los partidos políticos son los peor calificados respecto de esa tarea. Le siguen, en orden de deméritos, el Congreso, el gobierno central, la policía, los gobiernos regionales, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría.
 
Quizá la peor noticia es que una mayoría absoluta cree que el problema empeorará en los próximos cinco años. Del nuevo gobierno no se espera una solución. El motivo de la desesperanza, según la encuesta, son los acuerdos que habría entre los corruptos y quienes están llamados a combatirlos. “Todos están amarrados”, responden los consultados. Es la frase que resume la consulta. 

RESPUESTA SORPRESA

Como queriendo confirmar las suspicacias, los candidatos a la Presidencia de la República ignoraron el problema en sus presentaciones en el CADE. Y eso que el auditorio era más que propicio. Jorge Medina, quien fuera CEO de EY en el Perú antes de presidir Proética, dio a conocer en la Universidad del Pacífico los resultados de otra encuesta hecha por Ipsos a los participantes de esta reunión empresarial durante la primera semana de diciembre. Era sobre lo más importante que hizo o dejó de hacer el gobierno. El 83% de los entrevistados dijo que no se había avanzado o se había retrocedido en el combate a la corrupción. En otra respuesta, más del 50% sostuvo que esta labor debía ser una de las cinco prioridades del próximo presidente.
 
Medina dijo que lo que más llamó la atención fue la respuesta colectiva de los empresarios cuando les preguntaron qué medidas tendrían mayor impacto en la reactivación de la inversión privada. La respuesta mayoritaria no fue “destrabar la inversión minera” ni “impulsar proyectos de inversión” ni “flexibilizar el mercado laboral”. Fue “combatir eficientemente la corrupción”. Por otra parte, la honestidad era una de las tres cualidades más importantes que debería exhibir el próximo presidente, junto con liderazgo y visión de futuro. ¿Por qué, entonces, la falta de propuestas?

NO SE PUEDE

Cynthia Sanborn, vicerrectora de la Universidad del Pacífico, una de las comentaristas de la encuesta, recordó que varios candidatos tenían acusaciones por corrupción. El economista Ricardo Lago, otro de los panelistas, sacó un argumento descarnado. Dijo que la corrupción del Perú es sistémica, y por lo mismo muy difícil de cambiar por dentro. 
 
—Sería como buscar una aguja en un pajar. Si tratas de hacerlo, el sistema te margina. Una maraña de intereses: los partidos, las empresas, los lobbies, los sindicatos.
 
Con encuestas o sin ellas, se sabe lo que hay que solucionar, por ejemplo erradicar la corrupción en el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional. Son las tres más corruptas, de acuerdo con los encuestados. Con excepción de la policía, ninguna de ellas puede ser intervenida desde el gobierno, porque son autónomas. Pero si hay que creer a Lago, tampoco se podría desde dentro. 

TRES EJEMPLOS

Lago sugirió seguir uno de los ejemplos en los que, desde fuera, se intervino en varios frentes de manera concertada y enérgica. Mencionó dos casos, uno de ellos el de Hong Kong, donde en 1974, en un contexto de corrupción generalizada, se creó la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC). Tenía potestades investigativas, pero no realizaba juzgamientos. Los resultados fueron sobresalientes, aunque varios intentos por imitarla fracasaron por falta de presupuesto o de acción concertada en varios frentes. Quince años después tuvo éxito en Australia otra comisión similar, con potestades dentro del sector público, menos en la policía y el Poder Judicial. Como en Hong Kong, tenía capacidades para realizar campañas preventivas y no obedecía al gobierno. La independencia es fundamental. Hay presidentes que, pensando en sus enemigos, quieren dirigir su propia anticorrupción.
 
El segundo ejemplo mencionado por Lago es más cercano y resonante: el de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este año desbarató una mafia de contrabando que sobornaba al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron destituidos y son procesados en prisión. “Algo menor, inferior a mil millones de dólares”, dijo Lago. Creada en 2006, inicialmente para investigar violaciones humanitarias durante la lucha contrasubversiva, la CICIG es dirigida por un magistrado extranjero nombrado por las Naciones Unidas. La comisión tiene amplios poderes investigativos pero no reemplaza al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Sin embargo, los jueces y fiscales no habrían hecho nada sin ella.

PIDIENDO LO MENOS

En México ya se habla de crear una CICIG. En sus comentarios, el sociólogo Jorge Nieto, que ha ejercido allí varios años, hizo notar que Colombia se ha desembarazado de las mafias y que México podría hacerlo.
—¿Y entonces —preguntó— a qué país vendrían con fuerza? Al más amable para ellos: el Perú.
 
Apoyando la idea de Lago, otro economista, Juan Mendoza, ha propuesto que se cree una fiscalía especial anticorrupción, integrada por magistrados extranjeros nombrados por las Naciones Unidas. Así, como en el caso de la CICIG, el organismo no estaría violentando la estructura del sistema judicial sino incrustado en el mismo. Pero es muy difícil que un candidato acepte una idea tan audaz, que chocaría contra elementos del sistema pertenecientes a su tienda. Jueces y fiscales comprometidos con la corrupción tampoco la van a aceptar. Pero, visto de otro lado, la recurrencia a una ayuda internacional puede caerle bien al desencantado votante. Un juez extranjero puede dar más confianza que el peruano, como ocurre con el entrenador de la selección de fútbol. Por lo menos sabrá que no estará amarrado con todos.
 
Fuerza Popular ha encargado el tema a la ex procuradora Yeny Vilcatoma, quien antes de ser expectorada de su puesto por el gobierno tuvo destacada gestión en las fiscalías de Áncash y Loreto. Vilcatoma ha planteado un procurador anticorrupción independiente, nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero quién descontaminará al CNM? Las candidaturas principales están obligadas a presentar una propuesta seria y coherente para salir del atolladero. En ese empeño anda Jorge Medina, quien los invitará a una sesión pública en la que se vería quién canta más bonito.

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