Distrito arequipeño bota dinero en drenaje, y también le embargarán S/. 2 millones

Tras cuernos palos. Consorcio a cargo de la obra fue favorecido con un fallo arbitral que obliga al municipio distrital a pagar este dinero por "obras adicionales".Pero el constructor no terminó el trabajo, lo hizo mal generando un daño de seis millones.

6 Oct 2015 | 8:07 h

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,en la provincia de Arequipa, está contra la espada y la pared. Sus cuentas inevitablemente serán embargadas por casi dos millones de soles, más intereses por el Consorcio Cerro Colorado Pluvial.
 
 
Esta asociación de empresas ejecutó unas obras de un drenaje inservible para evitar que las lluvias inunden viviendas y pistas de seis poblados de ese distrito. Según el consorcio, éste hizo trabajos adicionales que no estaban previstos en el expediente técnico. La Municipalidad no quiso asumir esos gastos y fue llevada a un arbitraje cuyo fallo dio la razón a los demandantes.
 
Este alcantarillado debía beneficiar a los pueblos Alto Libertad, Alto Victoria, Semi Rural Pachacútec, Fundo la Quebrada, Túpac Amaru y Mariscal Castilla. Está inconclusa porque no tiene puntos de descarga. Además del arbitraje desfavorable, el Órgano de Control Institucional (OCI) halló un millonario perjuicio de S/. 6 millones 395 mil soles. Según OCI, se pagó lo mismo pese a que se varió los tubos para las redes por material de menor calidad y costo. De los S/. 26 millones 998 mil que costó, se pagó el 99.3% al consorcio. Aunque esa es agua de otro charco.

La raíz del arbitraje

La controversia se generó porque la contratista se topó con que no tenía permisos de servidumbre de las propiedades privadas donde se proyectó el recorrido de los tres tramos del tendido. El trazo fue modificado con la luz verde de la comuna. Se tuvo que edificar túneles para que los tubos resistan una mayor presión al estar instaladas en la  vía pública.
 
El Consorcio reclamó que se les reconozca lo invertido en las modificaciones, pero el municipio se negó. Luego el contrato fue resuelto en  2014 debido a que no se pudo construir los puntos de descarga en la Variante de Uchumayo. En esos lugares debían almacenarse las aguas de las lluvias.
 
La demanda fue presentada en marzo y en noviembre de 2014 ante el Tribunal Arbitral, integrado por Orlando La Torre Zegarra (presidente) Jorge Morales Morales  y Marlon De la Cruz Carpio. El tribunal  resolvió el pago favorable al consorcio de S/. 1 millón 937 mil. También ordenó que se cancele la mitad de todos los gastos arbitrales generados. La cifra ascendía a S/. 48 mil.
 
La Procuraduría del Municipio presentó la nulidad del laudo en la vía judicial. Sin embargo, la deuda quedó oleada y sacramentada por la Primera Sala Civil de la Corte de Justicia de Arequipa, el pasado 7 de agosto, dejando libre el camino para un embargo.

EMBARGO ANUNCIADO

Nunca se debió ir a un arbitraje, arguyó el actual procurador municipal de Cerro Colorado, Víctor Hugo Gonzáles Aguilar. “Si no iban a reconocer este adicional, la anterior gestión debió anular el contrato en ese momento”, indicó.
 
Gonzáles sostuvo que la exalcaldesa Yenny Valdivia, los metió en el embrollo. Señaló que había un compromiso de los propietarios de estas viviendas con Vera Paredes para ceder la servidumbre. “El acuerdo se rompió cuando asumió la alcaldesa. Los vecinos no querían saber nada de ella”, contó.
 
El letrado informó que una vez resuelto el arbitraje, el consorcio judicialmente inició un proceso para cobrar la deuda en el Cuarto Juzgado Especializado Civil. Si esta instancia ratifica lo de la Primera Sala Civil la suerte está echada para el municipio. Cualquier cuenta puede ser embargada, como la de Foncomun, de los recursos directamente recaudados o incluso del canon minero.
 
“Si no cumplimos con el pago, la deuda aumentará por los intereses”, señaló. Según el laudo, el monto será fijado bajo la tasa de interés legal dispuesto por del Banco Central de Reserva del Perú, en vista que en el contrato, entre la comuna y el consorcio, no  fueron fijadas estas penalidades.
 
Para Gonzáles se debió contra cautelar la deuda, pagando  60% y así detener los efectos del arbitraje e intereses. “Sólo nos queda una vía que es pagar y esperar que se liquide la obra para hacer efectivo las cartas fianza que asciende a casi 3 millones de soles (por el perjuicio hallado por OCI)”, sostuvo. Como última alternativa, la Procuraduría presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema el 10 de setiembre.

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