Recomendarían acusación constitucional contra José Peláez y Carlos Ramos

Avances. Documentos de la comisión Áncash precisan que fiscales supremos infringieron la Carta Magna mediante presuntas acciones de corrupción para favorecer la gestión del ex presidente regional César Álvarez. Ramos Heredia rechaza las imputaciones y afirma que su desempeño fue "impecable".

5 Abr 2015 | 2:05 h

Patricia Hoyos S. 

Los fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia integraron una presunta red de corrupción en el Ministerio Público dirigida a favorecer a la organización delictiva del expresidente regional César Álvarez en Áncash, así lo determina la investigación que realiza la comisión investigadora del Congreso de la República en su cuaderno referido al Ministerio Público y al que tuvo acceso este diario.

Según refiere el documento, se gestó una asociación ilícita en donde estarían implicadas altas autoridades de dicha institución. 
En el caso de Peláez y Ramos, precisan, se encontraron indicios de que fueron "miembros activos de la organización destinada a cometer delitos con fines de lucro" a través de órdenes impartidas desde los cargos que entonces ocupaban como fiscal de la Nación y jefe de la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público para archivar las denuncias contra Álvarez y los miembros de su organización delictiva. 

INFRACCIONES  

De acuerdo con la investigación de la comisión, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, aprovechó las facultades de su cargo para proteger a la organización delictiva que lideró Álvarez.

¿De qué manera? El principal hecho que ha determinado presuntos indicios de su participación es la injerencia que tuvo en el archivamiento de las indagaciones del caso La Centralita, presunto local de espionaje político en Chimbote.

En el 2011, la máxima autoridad del Ministerio Público se reunió en su despacho con el congresista Heriberto Benítez y el entonces presidente regional César Álvarez, quienes solicitaban la paralización de las indagaciones del caso La Centralita. Este hecho fue admitido por Peláez ante el grupo investigador.

"Yo les dije que iba a revisar la documentación, iba a esperar el informe (del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Dante Farro)", sostuvo Peláez en su intervención ante la comisión el 25 de junio del 2014. 

Tras recibir el informe del fiscal superior Dante Farro, el entonces fiscal de la Nación decidió destituir a los fiscales anticorrupción a cargo de la investigación del caso La Centralita. 

"Se tomó objetivamente la decisión de cesar a estos fiscales en base al informe (de Dante Farro)", justificó Peláez en el Congreso. 
Sin embargo, para la comisión este hecho "denota una clara injerencia de Peláez en los actos transgrediendo la autonomía interna de la que gozan los fiscales". 

Asimismo, deducen que el entonces titular del Ministerio Público tuvo un "claro interés" por intervenir en este caso.

Además de La Centralita, el informe detalla también que Peláez, en su condición de fiscal de la Nación, archivó de manera irregular denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito contra César Álvarez. 

Advierten que omitió solicitar elementos fundamentales para la investigación como el levantamiento del secreto bancario, tributario, además del bursátil.

Otro  indicio que considera la comisión es el referido al alto índice de provisionalidad de fiscales que se mantuvo en Áncash, según señalan, con el propósito de manipularlos para que omitan investigar actos de corrupción en la gestión de Álvarez.

Refieren que en Áncash el 90% de fiscales eran provisionales mientras que en el Santa fue el 98%. En ese sentido, precisan, que Peláez "no hizo un solo requerimiento al Consejo Nacional de la Magistratura para cubrir las plazas con fiscales titulares (...) Esta figura fue utilizada por Peláez para nombrar gente de su entorno". 

Uno de esos nombramientos fueron los de Magno Huaroma Vásquez como fiscal provisional del Santa, quien era militante del movimiento "Cuenta Conmigo", de César Álvarez.  Asimismo, designó como fiscal provisional en Áncash a Hugo Alejandro Hernández Delgado, quien laboró en el Gobierno Regional durante la gestión de Álvarez. Entre otros.  

De estos hechos, la comisión ha considerado que José Peláez infringió los artículos 39, 158 y 159 de la Constitución Política incurriendo en las siguientes infracciones: Infracción a la función Pública, al ejercicio de la acción penal y a la autonomía del Ministerio Público. 

La República intentó obtener la versión del fiscal supremo, pero desde la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público se nos informó que no iba a dar declaraciones sobre el tema. 

Pero este no sería el único funcionario que habría violado la Carta Magna, según la comisión investigadora. El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, también estaría en la misma situación debido a su actuación como Titular de la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público. 

Ramos Heredia, según el grupo parlamentario, "permitió que las oficinas desconcentradas de Control Interno de los distritos de Áncash y Santa evadieran su responsabilidad funcional de controlar los plazos de investigación generando el archivamiento masivo de las denuncias contra la red de César Álvarez". 

Este hecho derivó –precisa la investigación– en otorgarle un marco de "impunidad" a la organización delictiva. Incluso, refieren, que Ramos tuvo conocimiento de las denuncias contra la red delictiva, pero omitió iniciar actos de investigación. 

Al igual que Peláez, Ramos Heredia también intervino para obstaculizar la investigación del caso La Centralita. Mediante un informe de Control Interno pidió que se investigue a los magistrados César Jiménez y Francisco Estrada, quienes venían investigando el caso.

A esto se suma la resolución N° 1738-2013-MPFN-F.SUP.CI., del 6 de diciembre de 2013,  en la cual propuso la sanción de destitución para el magistrado José Luis Checa Matos y otros 15 fiscales que  participaron directa o indirectamente en la intervención que se hizo al vehículo del Gobierno Regional de Áncash, en donde supuestamente se transportaba S/. 300 mil para pagar a partidarios de César Álvarez.

En ese sentido, los miembros de la comisión precisan que el entonces titular de Control Interno infringió los artículos 39 y 158 de la Carta Magna.

No obstante, en el informe se da cuenta que Ramos también infringió el plazo improrrogable de su mandato, dando cuenta que fue designado como Titular de Control Interno del MP por tres años, iniciando su periodo en febrero del 2011. Sin embargo, se habría mantenido en el cargo hasta el mes de abril del 2014, con la irregular autorización de  José Peláez. 

En comunicación con La República, el suspendido fiscal Carlos Ramos rechazó todas las imputaciones en su contra y afirmó que no tuvo ninguna participación con hechos de corrupción en la región de Áncash. (Ver despiece). 

Además de las infracciones constitucionales, la comisión  determinó que Peláez incurrió en los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, omisión del ejercicio de la acción penal y tráfico de influencias agravado. En tanto, Ramos en los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir y obstrucción a la justicia. 

OTROS INVESTIGADOS

De acuerdo al informe de la comisión, el entonces gerente general Fernando Lazo Manrique se encargó de la irregular ejecución de una obra del Ministerio Público en la región norandina en el marco del Convenio Específico N°001-2008, que se firmó con el Gobierno Regional de Áncash durante la gestión de Álvarez, en enero del 2008. 

Este documento permitió una transferencia de 2 millones de soles al Ministerio Público como parte de una donación de la región para el apoyo en infraestructura. 

Al respecto, Lazo Manrique rechazó los presuntos indicios afirmando que él asumió el cargo de gerente general el 12 de mayo del 2008, cuatro meses después de firmado dicho convenio. En ese sentido, sostuvo que los trámites para la transferencia del dinero no se realizó durante su gestión.

No obstante, cabe precisar,   que en su condición de gerente general, Lazo Manrique se encargó de ejecutar  la obra en el Santa con presupuesto anual de la institución.

"Han debido mostrar pruebas de los suspuestos actos irregulares cosa que nunca hicieron. Mas aún que me han inpuesto irregularidades en obras que no eran del Ministerio Público sino del Poder Judicial, supuestas irregularidades cuando yo no era gerente general de la institución", manifestó Lazo en comunicación con La República.  

En el caso de Fernando Lazo, cinco de los siete miembros de la comisión han pedido que se varíe su condición de investigado a testigo por considerar que no hay pruebas que lo vinculen con actos de corrupción en la región norandina. 

Por su parte, Daniel Ramsay, en su calidad de asesor de la gerencia general del Ministerio Público, también está siendo investigado por la comisión. Según las pesquisas, él fue el nexo en el Congreso de la República y en la Contraloría para evitar que se investigue la gestión de César Álvarez.

Asimismo, se ha tomado en cuenta las denuncias sobre cartas fianzas falsificadas de la Caja Municipal del Santa en el 2009, cuando este ocupaba el cargo de presidente del directorio. 

Sobre el primer hecho, Ramsay afirmó que nunca intercedió a favor de Álvarez ni de un allegado a este ante las dos entidades mencionadas. Precisó que en su condición de asesor realizó coordinaciones para impulsar la imagen del Ministerio Público y con ello la capacitación de los funcionarios de dicha institución. 

"Se logró que se firme un convenio tripartito entre el Poder Judicial,  el Congreso de la República y el Ministerio Público. Esto permitió plantear acciones estratégicas para poder desarrollar una serie de capacitaciones en todas las instituciones", sostuvo.  
Asimismo, refirió que durante su gestión en la Caja Municipal del Santa no se registró ninguna denuncia en su contra, pero sí contra Marco Saavedra, entonces gerente de créditos de la mencionada institución. 

Mientras tanto, las participaciones de los entonces presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de Áncash y del Santa, Marco de la Cruz Espejo y Dante Farro Murillo, respectivamente, radican en que mantuvieron impunidad a favor de Álvarez en la región al no investigar denuncias en su contra. 

De la Cruz manifestó a La República que no tiene ningún vínculo con César Álvarez y por el contrario lo denunció en varias oportunidades por actos de corrupción. 

Según el informe de la comisión, todos estos funcionarios incurrieron en el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. 
La comisión investigadora del caso Áncash continúa sus pesquisa y no descarta volver a citar a los antes mencionados. 

Ramos Heredia: “Jamás favorecí a César Álvarez”

El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dijo que jamás favoreció al ex presidente regional César Álvarez cuando desempeñó el cargo de Titular de Control Interno en el Ministerio Público. 

Sobre su recomendación para sancionar a los fiscales que investigaban el caso La Centralita, Ramos sostuvo que su informe fue remitido al entonces fiscal de la Nación José Peláez luego que este decidiera destituirlos de sus cargos. 

"Todas son afirmaciones falsas y que vienen siendo repetidas por algunas personas que quieren perjudicarme", manifestó en comunicación con La República. 

No obstante, el suspendido titular del Ministerio Público dijo que en el 2011 recibió en su oficina al congresista Heriberto Benítez y al ex presidente regional César Álvarez a pedido de José Peláez. 

"Llamaban a mi secretaria o algunas veces su secretaria (de Peláez) se comunicaba conmigo. Recibí a Benítez, Álvarez y Modesto Julca", sostuvo. 

Según Ramos, él no tuvo conocimiento de las denuncias de corrupción en contra de César Álvarez. Asimismo rechazó que haya omitido iniciar investigación a los supuestos "fiscales archivadores". 

"Yo no tenía conocimiento de denuncias y las que han habido se han procesado por las oficinas descentralizadas", refirió. 
Finalmente, rechazó haber recibido algún beneficio económico por parte de Álvarez o sus allegados. 

CLAVES

2012. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)aperturó investigación al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, por la destitución de los fiscales que investigaban el caso La Centralita. El órgano de control emitió un informe donde recomienda destituir a Peláez del Ministerio Público. Documento está a la espera de su votación.

2014. El CNM suspendió por seis meses del cargo de fiscal de la Nación a Carlos Ramos Heredia debido a los cuatro procesos disciplinarios que se le aperturaron.

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