"Hay jueces de paz que también emiten documentos de posesión" [VIDEO]

Entrevista. Féliz Campaña Silva, alcalde distrital de Salaverry, saluda iniciativa para sancionar a autoridades que incentiven el tráfico de terrenos o habiliten áreas.

20 Abr 2017 | 17:28 h

El gobierno nacional ha remitido un proyecto de ley al Congreso el cual establece hasta 12 años de cárcel para alcaldes y funcionarios que incentiven el tráfico ilegal de terrenos o habiliten terrenos en zonas de alto riesgo. ¿Ayudará esta norma a frenar la entrega indiscriminada de constancias de posesión a familias ubicadas en zonas de riesgo?

Yo creo que sí. Esta medida va a ser muy importante para que cada una de las autoridades tomemos responsabilidad sobre los documentos que emitimos. Pero no hay que dejar de ver también que hay otras autoridades, como los jueces de paz, que entregan ese documento, ¿no? Entonces, creo que hay que tener bastante cuidado. Esto debe ir más allá. Hay que hacer todo un trabajo para erradicar a las personas ubicadas en sitios de riesgo o alto riesgo: hablemos de quebradas, borde de ríos y cerca al mar.

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-¿Cuál es la participación de los jueces de paz en la entrega de documentos de posesión?

Bueno,ellos verifican in situ la ubicación de las familias y entregan los certificados. Es un documento que tiene un valor legal, pero que muchas veces es mal utilizado por las personas para obtener servicios básicos como luz y agua.

-Entonces, estamos frente a una corresponsabilidad entre autoridades locales y jueces de paz…

Obviamente.

-¿Y qué hacer con las empresas de servicio, como Sedalib e Hidrandina, que le instalan agua y luz, respectivamente, a pobladores situados en zonas de peligro?

El problema es que son entidades comercializadoras y como tal ven solamente sus ingresos ¿no? A ellos les interesa vender agua y energía eléctrica.

-Pero otorgando esos servicios están avalando la entrega de certificados, ¿no cree?

En todo caso, deben habilitar el servicio cuando las poblaciones cuenten con título de propiedad y no certificados de posesión. Hay que empezar a ordenarnos. Todo el sistema viene funcionando mal y tiene que haber un cambio, que sea permanente y no solamente por estos momentos de emergencia que estamos viviendo por el fenómeno El Niño costero. Deben establecerse responsabilidades no solamente civiles sino a la vez penales. Hay que empezar con la reubicación de las familias ubicadas en zonas de riesgo a áreas seguras. Lastimosamente se utiliza políticamente las invasiones. Es ahí donde empieza el tráfico de terrenos, el negociado y las autoridades empiezan a sacar réditos políticos.

INVASIÓN EN SALAVERRY

-¿Qué vienen haciendo con los invasores ubicados frente a la playa de Salaverry?

He conversado con ellos y les he advertido que están situados en una zona de alto riesgo, pero estos tienen el aval del proyecto especial Chavimochic y del Gobierno Regional de La Libertad. Nosotros vamos a emitir un nuevo documento…

-¿Por qué es una zona de alto riego?

Porque están cerca a la playa y a las tuberías de Petroperú. Esas tuberías, en caso suceda una explosión, puede acabar con muchas vidas. ¿Después quién va a ser el responsable?

Empecemos a actuar. Por eso, vamos a remitir un documento a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Regional, a Chavimochic, para que adopten las acciones del caso. No esperemos una tragedia. Si Chavimochhic pretende venderles los terrenos a los invasores, eso será su responsabilidad. Si lo quieren donar, que lo donen, pero bajo su responsabilidad.

-¿Cuántas familias hay en esa zona?

Unas 200 aproximadamente, que tienen luz. No tienen agua. No ha sido posible ni erradicarlos ni reubicarlos. Si el Gobierno Regional tiene la intención política de reubicarlos, que lo haga. Siempre converso con los dirigentes.

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