Contraloría intervino oficinas de municipio de La Perla

Regidor de oposición de ese distrito calificó de oportuna la intervención de la Contraloría, pues según él existen malos manejos del presupuesto edil.

14 Abr 2017 | 11:55 h

La Contraloría General de la República intervino las oficinas de la Municipalidad de La Perla, como parte de una investigación por denuncias administrativas.

Juan Carlos Alvarado, regidor de oposición del municipio, indicó que funcionarios de la Contraloría intervinieron la comuna y se llevaron documentación que acredite los presuntos delitos que habría cometido personal de esas oficinas.

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En declaraciones a Perú21, Alvarado manifestó su aprobación a que la Contraloría investigue los manejos económicos de La Perla “porque no hay un buen manejo presupuestal. Hay un proceso irregular en la contratación del personal”.

Asimismo, según la publicación, el regidor dijo que hay un “vínculo estrecho” entre la alcaldesa Patricia Chirinos y el gobernador regional del Callao, hoy con detención preventiva, Félix Moreno; aunque la Contraloría informó que esta intervención no tiene que ver con el caso de la Costa Verde del Callao 

Sin embargo, personal del área de comunicaciones del municipio de La Perla precisó en diálogo con La República que no fue hoy, sino el miércoles cuando se dio la visita de la delegación de la Contraloría. En esta ocasión, este órgano no revisó ninguna información sobre supuestos vínculos con el gobierno regional del Callao, sino documentos específicos del área de personal de los años 2015 y 2016. Desde el municipio insistieron en descartar vínculos entre Félix Moreno y la alcaldesa Chirinos, al señalar que esta última renunció al movimiento Chimpum Callao.

Cabe señalar que el miércoles 12 el Ministerio de Economía solicitó al Banco de la Nación y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que se congelen las cuentas bancarias del gobierno regional del Callao, en manos del movimiento Chim Pum Callao, fundado por Alex Kouri, actualmente preso por corrupción.

En ese caso, la Contraloría tomó la decisión ante los indicios de presuntas irregularidades que pondrían en riesgo los recursos públicos, luego de que el fiscal Hamilton Castro acusara a Félix Moreno de recibir 2 millones de dólares de soborno por parte de Odebrecht a cambio de la licitación de la Costa Verde del Callao.

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