17 de Febrero de 2017 | 13:39 h

Sunat embarga 260 millones de soles a constructoras brasileñas

Organismo fiscalizador adoptó la medida  para evitar que las compañías investigadas por corrupción se vayan del país sin pagar impuesto. 

Foto: La República

Foto: La República.

Para evitar que las constructoras brasileñas, que se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción, transfieran sus bienes a terceros, la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat, resolvió embargar las cuentas y las propiedades que estas empresas tienen en el Perú hasta por aproximadamente  260 millones de soles.

Entre las compañías sometidas a investigación fiscal o judicial por supuestos actos ilícitos, se encuentran, Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, OAS, Engevix, Aterpa, entre otras, por presuntos pagos de sobornos a autoridades gubernamentales a cambio de la adjudicación de millonarias obras públicas.

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Las autoridades de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adoptaron la medida preventiva al notar indicios de operaciones sospechosas de alguna de las empresas brasileñas con la aparente finalidad de evadir la acción de la justicia, como por ejemplo la presentación de acciones legales para impedir la intervención de los organismos fiscalizadores.

El embargo se ha aplicado en función de lo que indica el articulo 58 de código tributario según el cual  la Sunat se toma la atribución de poner un embargo preventivo ante la posibilidad de que el contribuyente  no se encuentre en capacidad de abonar los impuestos de ley o la entidad fiscalizadora detecta movimientos sospechosos que  buscarían evadir  las obligaciones tributarias.

La Intendencia Nacional de principales contribuyentes nacionales de la Sunat observó que poco después de que en Brasil funcionarios y directivos de constructoras  empezaron a acogerse a la “delaciones premiadas” (Colaboración eficaz), en el marco del escandalo de corrupción conocido como “Lava Jato”,  las sucursales de estas compañías en el Perú iniciaron una serie de acciones relacionadas a la protección de sus intereses en el Perú.

Fuentes de la Sunat señalaron que la medida de embargo busca resguardar los intereses del Estado peruano para que no resulte afectado por la eventual evasión de impuestos que les corresponde abonar por ley a las constructoras brasileñas que contrataron con entidades gubernamentales de nuestro país.

La cifra del embargo por 260 millones es provisional puesto que el proceso de fiscalización de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales se encuentra en plena ejecución y es muy probable que la cifra crezca considerablemente, según las fuentes consultadas.

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