Las pruebas borradas del caso BTR cobran vida en el Congreso

Boomerang. La Megacomisión ha recogido todas las pruebas que el Poder Judicial desechó debido a la manipulación de terceros, y lo que entonces pudo servir para encubrir actos de corrupción de poderes políticos y económicos, ahora se ha transformado en un cúmulo de pruebas de injerencia política en el sistema judicial.

8 Sep 2013 | 5:10 h

Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.

El viernes 6, a pocas horas de la presentación del informe de la Megacomisión sobre Interferencia Política en el caso BTR , el ex presidente Alan García replicó que sobre este caso la Corte Suprema de la República ya ha emitido "sentencia final declarando que en ese caso no ha existido responsabilidad o presión política " alguna.

Es cierto, la Corte Suprema ha anulado la orden de la Sala Superior que presidía Iván Sequeiros para que se investigara a García, pero el poder fiscalizador del Estado, el Congreso ,  resolvió asumir de oficio la investigación y a ella se avocó la Comisión Multipartidaria o Megacomisión.

El problema para los denunciados es que existen numerosas pruebas en su contra que no han sido materia de juicio y que, por el contrario, fueron excluidas de la investigación judicial del caso BTR.

Lo fueron porque devinieron en piezas manipuladas, borradas, alteradas, contaminadas. Esto afectó sobre todo al material informático: USB, CPU, CD, DVD.

En juicio oral del caso BTR se dieron dos resoluciones por las que se anulan y expulsan casi todas las pruebas informáticas debido a que habían sido manipuladas.

Este mismo material hoy cobra vida, y el informe de la Megacomisión lo ha convertido  precisamente en pruebas de interferencia política.

DESCONTROL FISCAL

La intervención a la vivienda de Giselle Giannotti Grados duró aproximadamente 12 horas . El fono de la fiscal Vanesa Araníbar Covarrubias, a cargo de la diligencia, registró en ese lapso un tráfico de 51 llamadas. Ese indicador sugiere que pasó casi todo ese tiempo hablando por teléfono y hasta pudo haber sido dirigida desde afuera.

Vanesa Araníbar con menos de 30 años y apenas dos años como fiscal provisional, fue la única magistrada destacada a ese operativo con 40 policías bajo su mando. El domicilio allanado tenía aproximadamente 2,000 metros cuadrados . En esas condiciones, ¿pudo mantener el dominio de las actividades policiales allí realizadas?

Es más. Araníbar no fue llamada a declarar porque coincidentemente en esa fase de la investigación fue favorecida con una forzada beca de estudios a los EE.UU. por seis meses. Tiempo que, según el Reglamento del Ministerio Público corresponde a un fiscal  titular y no a un provisional como era su caso.

CONFESIÓN DE PARTE

Uno de los momentos más reveladores del informe de la Megacomisión es el rescate de  la manifestación de la ex Fiscal de la Nación , Gladys Echaiz Ramos , rendida el 10 de agosto del 2010.

"...Teníamos que hacer un reglamento para el nuevo Código Procesal Penal sobre protección de víctimas, testigos y peritos", empezó contando Echaiz a una anterior Comisión Congresal que investigó la supuesta eliminación de archivos digitales de la ex funcionaria de BTR , Giselle Giannoti .

"Con un informe de la Fiscalía de la Nación , el Presidente (García) debía emitir un decreto supremo. Ha sido en el 2009, no recuerdo si en febrero, no me acuerdo cuándo fue que he ido llevando ese informe y el proyecto de decreto supremo para la protección de víctimas y testigos", siguió rememorando la magistrada y a renglón seguido llegó al punto.

"Creo que alguien comentó que en algún momento habría ido yo para esa diligencia , para esa entrega, y que probablemente, pues, no sé. ¿Qué ocurrió en ese acto [...]?. Entregado esto me pregunta el Presidente si la Marina estaba dando facilidades para la investigación (del caso BTR), y si había permitido que ingresen los fiscales a verificar. "No sé", le dije yo. Parece que no. Lo llama al ministro (Ántero Florez Araoz, ministro de Defensa) y le dice que "abra las puertas y permita que los fiscales entren". Le comuniqué a mis fiscales, que vayan y se fueron a hacer una diligencia allí en la avenida Santa Cruz ".

En la avenida Santa Cruz número 25 4, distrito de San Isidro, tenía su sede una dependencia del Servicio de Inteligencia de la Marina, "implicado en el presunto uso de una instalación militar y su equipamiento para actividades ilegales de interceptación telefónica en perjuicio del Estado y de terceros", según reporta el informe de la Megacomisión.

COLABORACIÓN COSTOSA

La colaboración eficaz de los agentes de inteligencia Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza con el proceso BTR resultó muy onerosa al erario nacional.

El primero fue contratado por servicios no personales en el Consulado de Perú en Patterson con un ingreso mensual de 4,500 dólares . Y su incorporación elevó a nueve la planilla de funcionarios consulares en una sede que ya tenía serios problemas de presupuesto.

Por su parte, Luis Amengual fue nombrado Agregado Civil en el Consulado General del Perú en Nueva York, y antes de viajar a tomar posesión del cargo diplomático contrajo matrimonio teniendo como testigo al entonces Premier Jorge del Castillo.

Las gollerías de este par de colaboradores significó un egreso de 377 mil dólares.

Perfil del Informe de Investigación “Interferencia política en caso BTR”

Elaborado por una Comisión Multipartidaria, más conocida como Megacomisión , presidida por el sociólogo Sergio Tejada del PNP.

Fruto de un trabajo de 8 meses de recopilación, verificación y análisis de las 3 investigaciones anteriores.

Condensado en 18 capítulos, 458 páginas y otros tantos anexos.

Realiza un análisis factual y legal de 6 casos de interferencia política en la investigación judicial sobre BTR.

Arriba a 28 conclusiones demostrativas de intervención política en la desviación del curso de la investigación, manejo de colaboradores eficaces, detención de implicados y manipulación de pruebas.

Igual injerencia encuentra en el caso Petrotech, el ascenso del implicado Ponce Feijó, también en la dación de normas vinculadas al proceso y en la  exclusión de altos mandos de la Marina de Guerra que permitieron acciones ilegales en su sede.

Las 18 recomendaciones proponen denunciar al expresidente Alan García y a 8 funcionarios de su segunda gestión.

El pedido alcanza al ex ministro Hernan Garrido Leca quien reporta rentas de 4ta. Categoría que no coinciden con sus declaraciones fiscales ante la Sunat.

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