Solo en el 2015 el Poder Judicial impuso más de 13 mil sentencias por corrupción

Entre las medidas más importantes dictadas por el Poder Judicial el año pasado se encuentra la ampliación de la prisión preventiva al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.

2 Ene 2016 | 10:44 h

La política de lucha contra la corrupción del Poder Judicial se consolidó el año pasado con las 13 307 sentencias condenatorias impuestas por delitos contra la administración pública. Autoridades regionales, provinciales, distritales, funcionarios públicos de todos los niveles del Estado, magistrados y terceros involucrados en estos casos fueron llevados a la justicia.
 
 
Según información de la Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas del Poder Judicial, los delitos más comunes fueron cohecho (con 4 272 sentencias), colusión (3 791), malversación de fondos públicos (2 745), peculado (2 658) y concusión (959).
 
Entre estas sentencias destacan la impuesta al exmagistrado del 38° Juzgado Penal de Lima, Wilbert Sánchez Vera, por el delito de prevaricato así como el fallo de prisión preventiva contra la fiscal de Tambogrande, Piura, Danitza Carrasco Delgado, por presuntamente pedir una coima de 20 000 soles a un investigado.
 
En lo que atañe a autoridades elegidas por voto popular, se condenó a cinco años de cárcel efectiva al suspendido gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y a nueve años de prisión efectiva al exalcalde de Echarate (Cusco), Elio Pro Herrera, por colusión y negociación incompatible.
 
Igualmente, se amplió por 18 meses la medida de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y se condenó a 19 años de prisión al exalcalde del distrito puneño de Taraco, Andrés Miliano Incahuanaco, por los delitos de peculado doloso agravado y contra la fe pública.
 
En un comunicado de prensa, el PJ enfatizó que la gestión de su titular, Víctor Ticona Postigo, se caracteriza por ser intolerante a cualquier acto de corrupción y ejecutar acciones ejemplares para combatirla de manera frontal, respetando el debido proceso y los derechos de las partes procesales. (Con información de Andina)

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