Congreso: la ética de blindar
Rechazo. El gran desprestigio del Parlamento tiene uno de sus epicentros en el grupo de trabajo de Ética, que debería sancionar a los parlamentarios con faltas que escalan e indignan a la población, como los mochasueldos y otros similares, pero que destaca por blindar o usarse como vendetta de la coalición dominante que despliega una agenda autoritaria contra el país.
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“Es mito que por esa comisión las conductas serán más éticas”
César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso
Es un mito eso de que porque tenemos una Comisión de Ética en el Congreso las conductas de los congresistas van a ser más éticas. Eso no es así.
La eticidad, la moralidad, la probidad y la conducta de los representantes no depende de que haya un Código de Ética ni una Comisión de Ética. Depende de que los partidos políticos se hayan encargado y responsabilizado por proponerle a la ciudadanía a postulantes y congresistas competentes no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel ético.
Esa es la tarea de los partidos políticos. Cuando esos candidatos llegan al Congreso, ya no hay nada que hacer, ya es demasiado tarde. No hay manera de corregir nada que no haya previamente sido objeto del tamiz, de una filtración que deben realizar los partidos políticos.
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¿Qué puedes solucionar con un Código de Ética cuando quienes van a administrar el comportamiento y el juicio ético son igualmente ímprobos? El gran problema es que no tenemos representantes adecuados.
¿Qué están haciendo los partidos con el financiamiento público? ¿Lo están utilizando para capacitar? Si es así, la siguiente pregunta es: ¿a partir de qué malla curricular se está capacitando? ¿Y quiénes son las personas que están capacitándolos? Porque de eso va a depender todo.
“Puede ser una comisión conformada por externos”
Percy Medina, jefe de Idea Internacional-Perú
El Congreso podría nombrar una comisión conformada por actores externos, como excongresistas o especialistas. Quizá lo ideal sería una comisión mixta: algunos excongresistas y otros especialistas en ética parlamentaria. Sería un mecanismo para analizar con mayor objetividad los hechos porque es muy difícil que los congresistas sancionen a sus pares porque son compañeros de bancada o en algún momento necesitarán los votos de la persona sometida a disciplina.
No es fácil tener objetividad en esos casos. Es mucho más fácil dejar que sea un órgano con la posibilidad de mirar con distancia los temas que se le someten para que aplique las sanciones y eventualmente hagan sugerencias al Congreso sobre cómo debería prevenirse esas conductas. Se ha demostrado en el tiempo de vigencia de la Comisión de Ética que a los congresistas les resulta muy difícil sancionar a sus pares. No tienen la distancia ni la objetividad para analizar los hechos sin que se crucen otros elementos: conflictos de intereses, que sean sus pares, que necesiten el voto, etcétera.
Los parlamentarios tienen que darse cuenta de que necesitan hacer gestos importantes que los reconcilien con la ciudadanía y que los casos que recurrentemente pasan por la Comisión de Ética desprestigian al Congreso. Entonces, a los propios legisladores les es útil el encargar este tipo de tareas a una entidad con independencia y que pueda resolver estas de manera solvente.
“Deben estar miembros de sociedad civil”
Mirtha Vásquez, abogada, expresidenta del Congreso, exvicepresidenta de Ética
La Comisión de Ética ha mostrado sus límites y es expresión de impunidad. La única salida es una reforma. No puede seguir conformada por representantes de los grupos políticos. Eso determina que haya blindajes porque miran el riesgo de sancionar a un parlamentario como mal “precedente” para que los demás puedan serlo y entre ellos se protegen. Debería permitirse la conformación de la comisión con personas de la sociedad civil, no sé si íntegramente o de manera proporcional, para equilibrar la valoración.
Además, se debe hacer reforma en el reglamento. Es muy flexible sobre las conductas a denunciar. No hay precisiones y se confunde investigación de conductas antiéticas con delitos. La Comisión de Ética está para revisar conductas cuestionadas con la ética. Muchas veces sustentan en informes que los casos no proceden porque no se habría cometido ningún ilícito. Pero en ese espacio no corresponde evaluar ilícitos, es competencia del Ministerio Público y de otras instancias.
“Una ciudadanía activa que encauce el proceso por el país”
Jorge Jáuregui, abogado y profesor (UNMSM)
El problema es más de fondo y se debe analizar que, aunque son muy importantes, las reglas de juego no son determinantes del funcionamiento político. Con las mismas, el Perú funcionó hasta 2016, cuando en el Congreso se acentuaron acciones autoritarias y de balcanizar el país.
Los elementos de una situación de sectores autoritarios buscan tomar otras instituciones y sus miembros escalan en faltas, no se contienen con fórmulas legales.
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Ante cuestiones como la Comisión de Ética, queda una ciudadanía activa y acción política. La respuesta es recuperar la ciudadanía, como en 2001, que hizo retroceder a una tiranía brutal como la de los noventa.
Un favor gravitante es cómo se está operando para aterrar a los peruanos, desde unas elecciones con medios funcionales a una desinformación y crímenes como los cometidos contra ciudadanos en Puno y Ayacucho, entre otros lugares del Perú. Más que cualquier fórmula legal específica, debe haber una ciudadanía activa que encauce el proceso por el país.
“Permite naturalizar esos actos”
Sofía Chacaltana, directora del Instituto de Ética Univ. Ruiz de Montoya
La ética está relacionada a la regulación moral de las acciones en el espacio público. La Comisión de Ética del Congreso debería sancionar a los parlamentarios que tienen evidencia de usar recursos públicos para objetivos personales y otras faltas de gravedad. Al no hacerlo, el Parlamento permite que se naturalicen los actos delictivos y antiéticos cometidos en los cargos de gobierno que toman decisiones sobre del país.
Si los congresistas pueden realizar este blindaje como consecuencia de alianzas personales más allá del interés público, se corre el riesgo de que este accionar siente precedente ante la ciudadanía y se entienda que la falta ética solo es sancionable ante la imposibilidad de negociar con el “poder”, y no ante el abandono de los valores que nos sostienen como sociedad. Debilita nuestro contrato social.
Periodista peruano con experiencia en diversos medios de comunicación, principalmente sobre asuntos políticos y sociales. Graduado de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
