Congreso: fiscal Richard Rojas habría asesorado a Magaly Ruíz, blindada por recorte de sueldos
Representante del Ministerio Público que investigó a Los dinámicos del centro habría solicitado a cambio un puesto de trabajo para su hermano en el despacho de la integrante de APP.
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La congresista Magaly Ruíz, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), respira tranquila tras ser blindada en la Comisión de Ética y a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), por el caso de recorte de sueldos en el que está involucrada. Sin embargo, su caso sigue firme en el Ministerio Público, puesto que se le indaga por el presunto delito de concusión. Por otra parte, un nuevo personaje aparece en esta trama de impunidad dentro del Poder Legislativo, alguien ligado a la misma Fiscalía de la Nación, según un reportaje de ‘Punto final’.
La denuncia periodística contra Magaly Ruíz se hizo conocida el 5 de marzo de 2023. El profesional Carlos Marina, extrabajador de la Comisión de Infancia que presidía la parlamentaria, denunció a Johnny Romero Nima como el intermediario para cobrar el porcentaje de los sueldos de los trabajadores de la congresista. Asegura que todo fue a parar “a manos de la congresista”. En total, pedía S/1.500 mensuales solicitados por la legisladora.
Dos días después de la emisión del reportaje, el 7 de marzo de 2023, la integrante de APP pidió a Johnny Romero que la acompañe a ver a un fiscal para que les “dé algún asesoramiento y ayuda para poder salvarse de ese problema”. Específicamente, se refería a Richard Rojas Gómez, conocido por su trabajo junto al fiscal Rafael Vela en la Fiscalía de lavado de activos.
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En agosto de 2021, Rojas Gómez encabezó el allanamiento a los locales de Perú libre, en las pesquisas por el caso Los dinámicos del centro, por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial en la que participaron Pedro Castillo y Dina Boluarte.
En marzo de 2023, le imputó la estructura de organización criminal a la presidenta Dina Boluarte y otros. En ese contexto, Johnny Romero y Magaly Ruíz se presentaron ante el fiscal. A través de un intermediario, llegaron a una casa ubicada en Pueblo Libre. “Estábamos la congresista, el fiscal, su hermano del fiscal y mi persona. Él escucha el caso, promete ayudar en el problema, pero esa ayuda tenía un costo y era que el hermano entre a trabajar al despacho”, menciona Johnny Romero.
El hermano del fiscal Richard Rojas
Se trata de Álex Rojas, quien es comunicador y hermano del fiscal Richard Rojas. Él trabajó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, entre octubre de 2021 y julio de 2022. En ese tiempo ganaba S/5.000. Sin embargo, desde setiembre de 2022 fue auxiliar del Departamento de Comisiones, con una remuneración inferior de S/3.000, fuera de bonos.
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Después de la supuesta reunión entre su hermano y Magaly Ruíz, el 14 de marzo de 2023, entró a trabajar como asesor II en el despacho de la congresista de Alianza para el Progreso, con una remuneración que pasó a ser de S/9.000. El cargo y sueldo los mantuvo hasta agosto del 2023.
Nuevos testigos declaran ante la Fiscalía
Fuera de la Comisión de Infancia, nuevos testigos llegan a declarar a la Fiscalía de la Nación y denuncian el recorte de sueldos en el mismo despacho de la parlamentaria. Ella habría solicitado a todo su personal que se apersonara a su oficina y les indicó que estaba teniendo dificultades económicas debido a la campaña electoral que había tenido. “Ustedes saben que están en constante evaluación, debemos hacer una caja chica, para eso deben dar S/400.00 soles mensuales”, les habría dicho durante la quincena de enero de 2022.
La cuota de S/400 para una caja chica también habría servido para solventar gastos, como los regalos que daba la congresista en sus eventos o su movilidad personal. La parlamentaria, eventualmente, tuvo problemas, por lo que se requirieron S/21.000, los cuales se juntaron entre tres personas para no chocar con los demás; entre ellos, Johnny Romero confirma que aportó una parte.
“Entonces, la idea por parte de uno de los asesores es que se haga un préstamo, yo, para no poder vulnerar esa parte económica de ninguno de los trabajadores”, explica Johnny Romero.
En junio del 2022, se requirieron S/10.000 adicionales, pero ya Romero dudaba de entregar: “Es ahí que me veo contra las cuerdas, llamo a los chicos y les digo: Muchachos, hay esto y esta responsabilidad yo ya no la puedo asumir. Yo ya di mi parte, que son S/5.000, dejo a criterio de ustedes cuánto pueden dar voluntariamente”.
Periodista por de la Universidad Nacional Federico Villarreal y con estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, escribo sobre política en La República. Durante mi carrera he abordado temas sociales, políticos y culturales. También me desempeño en el campo de la escritura creativa.
