10 de Mayo de 2015 | 17:39 h

Tía María

En la política la confrontación es saludable, en tanto expresa los conflictos y las diferencias sociales; pero cuando deviene en polarización y extremismo, empieza a primar una lógica de liquidación de los adversarios. Resulta entonces que solo hay promineros y antimineros, y para los primeros quienes protestan son terroristas que boicotean el desarrollo para supuestamente “vivir” de la pobreza de una población manipulada, por lo que corresponde es la pura represión; y para los segundos lo único que parece interesar es lograr una victoria política, derrotar a la gran empresa, al gobierno, a la derecha. En medio, una oportunidad de inversión y desarrollo importante se pierde sin razones claras, ciudadanos y polícías muertos y heridos, agricultores empobrecidos, niños sin asistir a la escuela. Urge salir de un escenario de polarización, donde solo ganan los extremistas, y de suponer que una negociación consiste en la amenaza, la extorsión, la manipulación de la información o el soborno. 

Como lecciones de fondo, de un lado, llama la atención la dificultad de algunas empresas y del Estado para aprender de los conflictos. Tía María tiene una historia larga que ya en 2011 dejó tres muertos en el camino; el segundo Estudio de Impacto Ambiental no buscó realmente despejar los temores de la población, sino aprovechar la urgencia gubernamental de promover la inversión. Y el Estado ha reaccionado demasiado tarde. Es llamativo el contraste en la misma región Arequipa con el proyecto Cerro Verde, que más bien aparece buscando legitimarse como socio en iniciativas de desarrollo de la región. Los mineros, antes que seguir un falso espíritu de cuerpo poniéndose detrás de la Southern, reclamando orden y espantándose ante las protestas, debieran presionar para que como gremio las relaciones comunitarias se tomen mucho más en serio. Algunas declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, han sido lamentables. 

De otro lado, también hemos visto una vez más que, así como no hay representación política en el Perú, tampoco hay representación social. Los supuestos dirigentes aparecen más bien como brokers con intereses propios, distinguibles de los de la población, de los partidos, que quieren desarrollar carreras como mediadores en protestas y conflictos. Las autoridades políticas locales quedan totalmente desbordadas por la acción de estos operadores, que ganan espacio ante la ausencia de otros actores. Las izquierdas tienen que deslindar claramente cuando intereses particularistas pretenden pasar por los de la población. No solo porque ellas deberían estar interesados en representar sus intereses, también porque la izquierda debe condenar enfáticamente el uso de la violencia en las protestas. Ha tomado tiempo abandonar el paradigma revolucionario insurreccional, pero parece haber quedado la idea de que en las protestas sí sería válido. No lo es, y más bien legitima la criminalización de un derecho ciudadano. 

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