Hay un caso

Extremada parcialización de la comisión Lava Jato.

13 Feb 2018 | 6:05 h

Este diario ha documentado que el abogado José Guzmán Zegarra, esposo de la legisladora de Fuerza Popular, Úrsula Letona, fue una pieza clave en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) el año 2014, proyecto ahora investigado dentro del proceso denominado Lava Jato peruano por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Los datos que se disponen hasta ahora indican que Guzmán, entonces asesor legal de Proinversión, avaló formalmente un informe que permitió sacar del proceso de selección del proyecto al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS), para que GSP, el consorcio liderado por la empresa Odebrecht, se haga del contrato para diseñar, construir y operar un sistema de ductos en el sur del país.

En ese proceso, es evidente que desde Proinversión se llevaron a cabo presiones sobre CGPS para que en un breve plazo de tres días –entre el 27 y 30 de junio del año 2014– presente documentación que, a juicio de Proinversión, impidiese que sea descalificada. Sin embargo, el mismo día en que dicha empresa fue notificada, y sin esperar la documentación de CGPS, Proinversión consideró que se había configurado la descalificación de esta empresa con base en la opinión de un estudio de abogados. La descalificación se viabilizó el 28 de junio de ese año con un informe del esposo de la legisladora Letona que, en su calidad de asesor legal y miembro alterno del comité de Proinversión en proyectos de Seguridad Energética, consideró válida y vigente la opinión del estudio de abogados.

El caso se encuentra judicializado. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda que interpuso CGPS contra Proinversión, y concluyó que la descalificación de la empresa fue irregular, en tanto que la Fiscalía acusa al presidente del Comité de Proyectos de Seguridad Energética de dicha agencia del Estado de haberse coludido con Odebrecht para descalificar a su único rival en el proceso.

No obstante las evidencias, la comisión Lava Jato del Congreso, dirigida por Fuerza Popular, no ha incluido a Guzmán como investigado, como sí lo ha hecho la Fiscalía. Para este grupo de trabajo que ha mal usado sus prerrogativas, incluyendo o excluyendo investigados caprichosamente, fue suficiente la explicación de Letona de que su esposo fue asesor técnico y no legal, como si lo uno estuviese reñido con lo otro. Ni la legisladora ni el “técnico” Guzmán han sabido responder por qué el día 30 de junio, cuando Proinversión le entregó la buena pro a Odebrecht, en primera fila de los funcionarios de esa entidad se encontraba el esposo de Letona, de acuerdo a la evidencia gráfica presentada recientemente por la revista Caretas.

El caso va para mayores, y en ello, la comisión Lava Jato sigue exhibiendo una actitud extremadamente parcializada. Por ejemplo, se ha negado a investigar la versión de Letona, brindada por iniciativa propia el 30 de noviembre pasado, en el sentido de que Odebrecht le ofreció a Keiko Fujimori dos millones para su campaña electoral del año 2011, no se sabe si en soles o dólares.

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