José Ugaz: “Nos podemos convertir en un país paria por incumplir un mandato”

Entrevista a José Ugaz. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió una especialización en Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca. Fue procurador Ad-Hoc para el caso de Fujimori y Montesinos.

11 Feb 2018 | 6:30 h

Dice que todo convenio internacional implica una cesión de soberanía, que se realiza para defender principios universales. El ex procurador José Ugaz explica los alcances del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado peruano archivar la investigación congresal contra los magistrados del Tribunal Constitucional.

PUEDES VER Samuel Abad: “La resolución de la Corte es muy valiosa”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde dice que si no cumplimos la sentencia de la corte, no pasará “absolutamente nada”. ¿Es cierto?

No, está previsto en la normativa internacional que si un país incumple el mandato de un órgano supranacional, la organización de la cual depende el órgano, en este caso la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe proceder a aplicar las sanciones que correspondan.Esto implica desde sanciones económicas hasta políticas.

¿Para las sanciones económicas hay una escala de montos de acuerdo a la falta cometida?

No, la OEA evalúa las relaciones económicas que tenga el Perú en el contexto de la organización, se toman decisiones sobre la base de la coyuntura. No existen sanciones tasadas ni porcentajes.

¿Y las sanciones políticas podrían ir hasta la expulsión del sistema?

Bueno, habría que ver. Yo no conozco ningún precedente. Imagino que se irán tomando decisiones políticas graduales, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Políticamente, nos podemos convertir en un país paria, fuera del sistema, por incumplir un mandato que está contenido en un convenio que el Perú ha firmado.

García Belaunde también ha dicho que otros países han incumplido los mandatos de la corte.

Yo no conozco ningún país democrático y que se respete que haya tomado decisiones unilaterales de desconocimiento. Los pactos descansan sobre acuerdos consensuales de los Estados que van más allá de la voluntad específica de determinados intereses de grupos políticos. El Estado peruano se ha comprometido a cumplir con las observancias que emanan de la Convención y del Pacto de San José y, por lo tanto, tiene que cumplir.

¿El Perú ha incumplido alguna vez una sentencia de la corte?

No.

En cuanto al procedimiento de cumplimiento del último fallo, ¿a quién le corresponde ejecutarlo en el Estado peruano?

Hay un mandato expreso de la corte de archivar la investigación que se está llevando a cabo en el Congreso respecto de los magistrados, entonces, corresponde al Parlamento disponer el archivo de esa investigación, concretamente a la comisión que tiene el caso.

¿El Legislativo necesita el visto bueno del Ejecutivo para acatar la sentencia?

No. Es un mandato que recae sobre el Estado y el Congreso de la República es un órgano del Estado.

El presidente del Congreso ha enviado una carta al presidente de la República en la que dice que la sentencia que dispone el archivamiento “afecta directamente la soberanía e independencia del Estado peruano”, pues vulnera un procedimiento constitucional y reglamentario como la acusación constitucional. ¿Este argumento es atendible?

En absoluto. Toda convención internacional, pacto o instrumento que firma un Estado implica de alguna manera una cesión de soberanía en aras del orden internacional.

Una vez más, García Belaunde ha dicho que el Congreso es “totalmente soberano”.

Ese es un concepto de soberanía que está desfasado en un mundo como el nuestro, que es global. En el mundo contemporáneo no existen las soberanías absolutas, hay espacios de cesión de soberanía. Están, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano y la OCDE, a la que el Perú quiere asimilarse. Por ejemplo, la OCDE le ha exigido al Perú que incorpore una norma que prevé la responsabilidad penal de las empresas. Eso antes no existía y aquí ha habido una resistencia muy grande, pero a nadie le he escuchado decir que la OCDE está afectando la soberanía del Perú al proponer esta medida, o al exigir que los países que la integran firmen la convención internacional contra el soborno. Hay ciertos principios universales que están por encima de los grupos políticos y de los países.

Luis Galarreta también ha cuestionado que se busque archivar un procedimiento que todavía no ha acabado, pues faltan dos pasos para la sanción efectiva contra los magistrados.

Si usted denunciara que va a haber una ejecución arbitraria y al responsable de ejecutar le ordenan que no lo haga, él no puede decir que la orden no tiene sentido porque todavía no ha matado. Aquí lo que busca la corte es evitar que se produzca el daño. De otro lado, quien puede lo más, puede lo menos. Si la corte puede detener la aplicación de una decisión ya tomada en vías de ejecución, con mayor razón puede impedir que se llegue a la decisión.

Se aduce que en este caso se debió agotar las vías internas en el Parlamento y el Ministerio Público antes de acudir a la corte.

Es un principio del derecho internacional que el agotamiento de la vía interna es una obligación, pero siempre y cuando haya las condiciones para que eso ocurra. En este caso, era evidente que había un peligro inminente, ya había un informe que hablaba de responsabilidades individuales de los magistrados. Por lo tanto, se permite el salto a la instancia supranacional.

En su carta, el titular del Congreso le pide a PPK que salvaguarde la soberanía e independencia del Estado. ¿Procede esta exigencia?

No, es totalmente fuera de foco, estamos hablando, una vez más, de pretender desconocer unilateralmente un orden internacional al cual el Perú se ha sometido.

¿Qué debería hacer el presidente con esa carta?

Yo creo que el presidente tiene que actuar con serenidad, dejar la carta a un costado y esperar finalmente que el Congreso cumpla con la obligación que emana de nuestra pertenencia al sistema interamericano. Si el Congreso no lo hace, corresponderá al Ejecutivo invocar a ese poder del Estado, en rebeldía, que cumpla con lo que se le ha ordenado.

Te puede interesar