Las recetas facilistas

El viejo sueño fujimorista de retirar al país de la Corte IDH so pretexto de la pena de muerte.

7 Feb 2018 | 6:06 h

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha salido al paso de la campaña en favor de la pena de muerte iniciado por un grupo de políticos y algunos ministros, luego de la execrable violación y posterior asesinato de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho (Lima).

El máximo titular del órgano jurisdiccional ha señalado que existe un impedimento de convencionalidad, es decir la Convención Americana de DDHH, por lo que para concretar la reintroducción de la pena de muerte en el Perú se tendría que abandonar la competencia de la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), lo cual no es conveniente, en alusión a la posibilidad de dejar desprotegidos a los peruanos de su derecho a acceder a los tribunales internacionales. Esta medida implicaría al mismo tiempo un cambio constitucional.

También ha recordado que la pena capital está siendo abandonada en el mundo debido a que se ha demostrado que no es una respuesta contra el crimen y, finalmente, si se trata de soluciones, es necesario trabajar en medidas preventivas.

Estas precisiones vienen al caso considerando la marea populista que pretende pescar a río revuelto predicando la pena de muerte a sabiendas de su inviabilidad legal y utilidad penal. El primero que se anotó en esta campaña de prédica sin consecuencia práctica es el ex presidente Alan García, quien en sus dos mandatos en los que tuvo mayoría absoluta en el Congreso ni siquiera intentó la adopción de esta medida porque era consciente de su imposibilidad jurídica. Ahora, lejos del poder, ensaya una pose radical pensando sobre todo en las tribunas.

Otro tanto sucede con un grupo de legisladores, mayoritariamente fujimoristas, que han visto reaparecer la oportunidad de clamar por el retiro de la Corte IDH, el viejo sueño que su jefe Alberto Fujimori no pudo concretar por el rechazo de la comunidad internacional, y a pesar de la intervención maquiavélica de Vladimiro Montesinos. Paradójicamente, varios de los miembros de Fuerza Popular que ahora exigen la pena de muerte votaron contra un proyecto de ley que aumentaba las penas a los violadores.

No es extraño que en el mundo haya cada vez menos países que aplican la pena de muerte. No se trata del triunfo del mal sino de la adopción de políticas criminales que ya no se concentran en las sanciones, sino que inciden en la prevención, fortaleciendo el papel de la familia, la escuela y la comunidad. A esa razón se debe la rebaja de los índices de los delitos sexuales en la mayoría de los países que abolieron la pena capital.

En nuestro país, la ociosidad de los políticos aunada al populismo penal se han centrado en las sanciones y han olvidado la prevención, una ruta que demanda estudios, hallazgos de evidencia, planeamiento y control de políticas. Como este modelo criminal demanda esfuerzo y conocimiento, el grueso de representantes se contenta con bramar en las redes sociales su indignación para intentar quedar como valientes y firmes, insistiendo en recetas fracasadas y facilistas. Para eso no fueron elegidos.

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