Defensa rocambolesca

La desastrosa defensa del indulto ante la Corte Interamericana de DD.HH.

6 Feb 2018 | 6:05 h

A través de comentarios sigilosos, el presidente de la República confirmó recientemente que la liberación de Alberto Fujimori fue una operación política, solicitada políticamente y tramitada de ese modo. En una entrevista radial, confesó que el hijo parlamentario del ex dictador, líder de la facción que impidió su vacancia, se lo pidió “hace tiempo”. Reveló que él le respondió “esto lo voy a ver, hay procedimientos, estamos siguiéndolos”, ratificando que antes de iniciado el procedimiento, que como se sabe fue fraudulento, la decisión en favor del indulto ya estaba tomada.

Kuczynski ha ido más allá en el uso de formas que no corresponde a un jefe de Estado; ha señalado que es un grupo de extrema izquierda que reclama porque no “está reconciliado con el indulto”, ignorando que según varios sondeos de opinión, la mitad de peruanos condenan el indulto y consideran, precisamente, que no fue humanitario. Estos comentarios han sido seguidos en calidad de libreto por la jefa de la PCM, Mercedes Aráoz, y por otros voceros del oficialismo.

Esta actitud del Gobierno refleja una falta de argumentos en defensa del indulto debido a su naturaleza ilegal. Este temperamento se ha confirmado en la remoción sorpresiva del procurador Amado Enco y en la reciente audiencia del caso La Cantuta y Barrios Altos de la Corte Interamericana (Corte IDH).

En dicha audiencia, los representantes del Estado expresaron la infantil idea de que como Fujimori fue extraditado, juzgado y condenado, su liberación no implica un acto de impunidad. Luego, criticaron a los deudos de las víctimas por no haber recurrido a las vías internas, ignorando el derecho de los demandantes de escoger los recursos más idóneos en función de la gravedad de la vulneración de sus derechos.

En el extremo de la precariedad de su defensa, los abogados del Estado pretendieron argüir que el indulto se debió a que Fujimori padece de enfermedades cardiovasculares y no al cáncer; en una interpretación médica extraña sostuvieron que el indulto fue otorgado ante el riesgo de una muerte súbita, lo que nuevamente contradice los requisitos de un indulto humanitario.

El Estado peruano no ha podido desvirtuar el cargo más importante de la defensa de las víctimas, la del indulto como un acuerdo político para salvar a Kuczynski de la vacancia, y tampoco los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que el Estado peruano tenía otras alternativas para la atención médica de Fujimori, si la preocupación era su salud, y que el Derecho Internacional activa la prohibición de aplicar figuras legales como la prescripción, amnistía o indulto cuando se encuentra ante ese tipo de delitos. En medio de esa orfandad de argumentos jurídicos, se entiende que el ministro de Justicia, el operador de esta ilegalidad, y que increíblemente sigue en el cargo, dijese que no confía en el sistema interamericano de DDHH y que sus representantes en la Corte inventaran un rocambolesco tribunal megasupranacional.

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