Solicitan defender a magistrados del TC

Caso El Frontón. Abogados de las víctimas sustentaron su pedido para que la Corte IDH dicte una medida cautelar que detenga la acusación que afrontan jueces en el Congreso.

3 Feb 2018 | 6:40 h

Antes de evaluar el caso Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió a los representantes de las víctimas de El Frontón para saber si el Estado peruano estaba cumpliendo con procesar y sancionar a los responsables, como le ordenó en una sentencia del 2000.

La causa en el sistema interamericano fue abierta a raíz de la ejecución extrajudicial y desaparición de los presos Nolberto Durand y Gabriel Ugarte en junio de 1986. Hoy el Poder Judicial del Perú juzga a 33 personas por estos crímenes.

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Los abogados de las víctimas también pudieron sustentar un pedido que hicieron recientemente a la corte: que dicte una medida cautelar que detenga la acusación que enfrentan cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso.

Los jueces están procesados por corregir un fallo que dictó la institución en el 2013, que permitía la prescripción del delito en el caso El Frontón.

Carlos Rivera, en nombre de los familiares de las víctimas, explicó que la sanción contra los miembros del TC ponía en riesgo la administración de la justicia.

La lentitud

Primero, la audiencia se abocó a conocer si el Perú estaba haciendo esfuerzos para identificar a los responsables de la desaparición de Durand y Ugarte. Los representantes del Estado peruano, los abogados Sofía Donaires y Helmut Olivera, adujeron que el Perú estaba haciendo "esfuerzos" por sacar adelante un proceso "sumamente complejo". Dijeron que prueba de ello era que el caso se encontraba ya en fase de juicio oral.

Pero Rivera desmontó esta afirmación: recordó que la sentencia de la Corte IDH es de agosto del 2000 y que, casi 18 años después, no hay nadie sentenciado. Precisó que el Ministerio Público formuló la acusación a fines del 2012 y que el juicio oral se inició recién el 8 de setiembre pasado, es decir, casi 5 años después.

"El tiempo es inexorable y la gente se va muriendo. Muchas de las personas que estuvieron directamente involucradas en el crimen han fallecido", contó.

Además, cuestionó que el tribunal que juzga este caso sólo le dedique hora y media o dos cada semana o quincena.

El riesgo

Luego, la corte escuchó las posiciones en relación a los magistrados del TC. El Estado argumentó que la acusación en el Congreso no tenía que ver con el caso Durand-Ugarte. Sostuvo que eran procesos "inconexos".

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, que también tuvo voz, señaló lo contrario. Dijo que ambos procesos estaban vinculados porque una eventual sanción a los jueces podría llevar a poner en vigencia el fallo del 2013 que permitía la impunidad.

"Como consecuencia del eventual resultado de esa acusación se abre la posibilidad de aplicar la figura de la prescripción", declaró.

Así, apoyó el pedido de Rivera de que se dicte una medida cautelar que detenga el proceso en el Parlamento.

Datos

  • Decisión. El presidente de la corte, Eduardo Ferrer, dijo que en los próximos días evaluarán los argumentos de una y otra parte, y emitirán su fallo.
  • Nuevo juicio. Arosemena explicó que si recupera vigencia el fallo del TC del 2013 no se podrían iniciar nuevos procesos por el caso El Frontón, por ejemplo, contra los autores mediatos.

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