Polémico inicio

Los primeros problemas del proceso electoral regional y municipal.

29 Ene 2018 | 6:05 h

Decenas de movimientos regionales y locales podrían no participar en el proceso electoral de octubre debido a una resolución del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que deja fuera a los grupos que no tenían su inscripción legal hasta el 10 de enero de este año.

Como se sabe, en noviembre pasado el Congreso aprobó una polémica norma, la Ley Nº 30688, que suprime la participación electoral de los movimientos locales señalando en una disposición transitoria que esta ley no alcanza a los grupos que han adquirido sus planillones para el recojo de firmas. No obstante, el JNE intenta aplicar a estos movimientos otra norma, la Ley 30673, que indica que solo podrán participar en las elecciones las organizaciones que cuentan con inscripción legal vigente al día de la convocatoria oficial. Como esta convocatoria fue publicada el 10 de enero cuando decenas de organizaciones locales y regionales aún continuaban en proceso de formalización de su inscripción, el JNE pretende que lo que no era legal hasta esa fecha, no exista.

Al interpretar retroactivamente la legislación en perjuicio de ciudadanos que ya habían expresado su deseo de ejercer su derecho a ser elegidos (recogiendo firmas desde hace meses), el JNE se está poniendo del lado de los intereses de los grupos nacionales que intentan hegemonizar la representación municipal y regional. Habría que recordar que los movimientos independientes surgieron cuando se hizo patente la crisis de los partidos y su existencia era un llamado de atención para reformar el sistema de partidos. Este sistema ha reaccionado con medidas que tienden a la liquidación de estos grupos locales sin llevar a cabo reformas que hagan a sus partidos más democráticos y participativos. A la ausencia de reforma electoral se suman estas medidas que marginan a los ciudadanos que sí quieren realizar actividad política.

Las primeras consecuencias de esta interpretación caprichosa de las normas ya se dejan sentir, con la activación de un mercado negro electoral, donde los grupos “vientre de alquiler”, que no tienen militantes y comités, pero sí inscripción legal, ofertan su marca al mejor postor. Es preciso aquilatar ello considerando que en octubre se elegirán 13 mil cargos entre regidores, alcaldes consejeros y gobernadores regionales.

En varios distritos de Lima y en otras zonas del país se ha iniciado una suerte de subasta de la que emergerá una oferta electoral deformada y riesgosa, fruto de acuerdos bajo la mesa y pactos apurados en los que la posesión del membrete sacrifica a los programas.

Esto se agrega a medidas que hacen del proceso electoral en curso una etapa que no necesariamente enriquecerá la democracia, como la eliminación de la obligación de las organizaciones políticas de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral sino una sola vez y luego de las elecciones, o la omisión de sanciones políticas a las organizaciones que reciban dinero de fuentes prohibidas.

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