Indulto anulable

El informe de la Defensoría del Pueblo deja el indulto en manos de los tribunales.

25 Ene 2018 | 6:05 h

La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado cuestionando el indulto concedido a Alberto Fujimori por carecer de motivación, por no tener suficientes razones médicas y por la falta de consulta a las víctimas, por lo que considera que estas irregularidades deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De ese modo, la Defensoría deja abierta la ruta de la anulación del indulto por una vía legal.

Entre todas sus críticas, la Defensoría apunta hacia la vulneración de los estándares establecidos, especialmente a que no esgrime “una motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos concernidos y las razones humanitarias que habrían motivado su concesión”. Desde ese punto de vista, el indulto carecería de su sentido humanitario, lo que lo haría pasible de nulidad.

Asimismo, la Defensoría ha cuestionado el informe médico final, a pesar de que el Ministerio de Justicia ha intentado sabotear la recolección de información. En este punto señala que la resolución que ordena el indulto “no expresa suficiente información médica para justificar de qué manera las dolencias del solicitante se encontraban siendo agravadas por su permanencia en el establecimiento penitenciario donde se encontraba recluido”, lo que alude directamente a los requisitos de un indulto humanitario.

Finalmente, “en aras de la reconciliación nacional, citada como justificación de esta decisión, debió conceder a las víctimas y sus familias la posibilidad de expresar su punto de vista sobre la concesión de las gracias presidenciales otorgadas al ex presidente Fujimori”.

Para la Defensoría, la discusión sobre si la potestad presidencial está fuera de control, como lo señalan los defensores del indulto, es inconsistente. Señala que “la existencia de este conjunto de normas reglamenta e incluso limita la facultad de conceder gracias presidenciales, lo que evidencia que una gracia no puede ser considerada libérrima, como fue concebida en sus orígenes monárquicos. En consecuencia, la concesión de estas gracias presidenciales debe enmarcarse en el principio de legalidad, el mismo que rige cualquier actividad estatal y posee revestimiento constitucional en el artículo 45º de nuestra Carta Magna”, es decir, su propietario final es el pueblo y no el presidente.

Este es el pronunciamiento oficial más completo y coherente de los que hasta ahora se ha tenido respecto del indulto y superior a los argumentos paralegales esgrimidos por el Ministerio de Justicia y otros voceros del gobierno. De acuerdo a su contenido, no hay discusión respecto a la potestad del presidente, pero las reglas dadas y los estándares legales y jurisprudenciales deben cumplirse. En este punto, los argumentos del indulto y la actuación médica de este son un problema muy serio para el gobierno, sobre todo porque siguiendo la tradición del sistema interamericano de DDHH, es muy probable que la Corte Interamericana de DDHH adopte este razonamiento.

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