Punto muerto

La agonía de la comisión Lava Jato en manos de Fuerza Popular.

23 Ene 2018 | 6:05 h

Con el pronunciamiento de la bancada de Nuevo Perú, ya son cuatro los grupos parlamentarios que demandan el retiro de Rosa Bartra de la presidencia de la comisión Lava Jato, el grupo de trabajo que investiga la corrupción brasileña. El primero en solicitarlo fue Peruanos por el Kambio (PPK), al que han seguido el Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Nuevo Perú (NP). De modo oficial, solo los aliados del fujimorismo, el Apra y Acción Popular (AP) defienden la presencia de Bartra en esta comisión, aunque algunos parlamentarios de uno de estos grupos, particularmente Yonhy Lescano, de AP, ha pedido su renuncia.

De hecho, la comisión se encuentra en crisis. El representante de PPK en el grupo de trabajo, Gino Costa, renunciante a su bancada, fue reemplazado por Gilbert Violeta, en tanto que el Frente Amplio ha revocado la presencia de su representante, que para todo efecto operaba como un miembro más de la bancada fujimorista.

La crisis, no obstante, se debe esencialmente a la falta de objetividad, resultados y coherencia. Este déficit no puede ser saldado con la difusión de datos generales que Fuerza Popular ha publicado (71 sesiones, 95 personas interrogadas, 23 solicitudes de levantamiento de secreto bancario, 300 horas de trabajo y un expediente de 180 mil folios), siendo que el principal problema de la comisión es su legitimidad.

La ilegal presencia y actuación de Bartra en el allanamiento de los locales de Fuerza Popular es la imagen más categórica de la pérdida de imparcialidad de dicho grupo de trabajo. Saber que quien preside una comisión que investiga actos de corrupción utiliza su cargo para amedrentar fiscales, lesiona severamente la confianza en su trabajo.

No es la única muestra de la falta de idoneidad política de Bartra para ejercer este encargo. Durante su presidencia, la comisión se ha dedicado a investigar solo a los adversarios del fujimorismo, en tanto que ha evitado por todos los medios hacerse cargo de las denuncias sobre Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Alan García, líder de su aliado, el Apra. Cuando fue imposible impedir que ambos asistan a la comisión, los interrogatorios que se les hizo fueron lamentables ejercicios de adulación y renuncia a la investigación. En otros momentos, en las sesiones fueron evidentes los maltratos a los asistentes y el manejo partidarizado de información.

La única manera de reactivar la comisión es el retiro de la actual presidenta y la designación de legisladores con un mínimo de sobriedad e idoneidad. En ese punto sería conveniente que, al mismo tiempo que se impida la entrada en este grupo de trabajo de legisladores con agenda anticorrupción sesgada, representantes de algún partido o topos de los mismos, se nombre como presidente (a) a un congresista que no pertenezca a un partido investigado.

La lucha contra la corrupción en el Congreso está en un punto muerto. No es posible el retorno a una comisión Lava Jato que tenga al gato de despensero.

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