Inocultable fracaso

La falta de transparencia acelera la crítica interna y externa al indulto.

16 Ene 2018 | 6:05 h

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emplazado al Estado peruano a que a más tardar el 29 de enero entregue, a través del Ministerio de Justicia (MINJUS), la copia del expediente sobre el indulto a Alberto Fujimori.

Este pedido, completamente procedente en el marco de la preparación de la audiencia del 2 de febrero, en que la Corte IDH revisará el indulto y el derecho de gracia otorgados a Fujimori, deja al Estado y especialmente al MINJUS en una situación de resistencia a los derechos de las partes en este proceso, además de una manifiesta falta de transparencia respecto del documento que deben ser públicos o publicados. Como se sabe, la Defensoría del Pueblo ha insistido en el pedido con increíbles respuestas del Gobierno.

Que la Corte tenga que pedir acceder a la documentación del caso, pone sobre la mesa la desorientación oficial en este caso, porque habría que recordar que el MINJUS tiene también problemas para formar un grupo que se atreva a defender el indulto en este foro internacional.

Esta es solo una expresión del carácter indefendible del indulto a Fujimori que ha permeado a la sociedad, acelerando el juicio de la Nación en este delicado asunto. La opinión pública ha evolucionado en un sentido crítico respecto del indulto y de la figura política de Fujimori, resultado que es el debilitamiento de las justificaciones de su liberación y en algunos casos una abierta crítica a esos argumentos.

Por ejemplo, en la reciente encuesta de Ipsos Perú, se ha reducido a 53% el respaldo al indulto y, al mismo tiempo, ha aumentado a 43% el porcentaje de quienes desaprueban esa medida. Solo el 15% cree que su liberación obedece a razones humanitarias y en cambio el 40% cree que las razones son políticas.

La idea de un Fujimori víctima de sus enemigos que no reconocen su aporte al país se diluye conforme se hacen patentes la impunidad y los enjuagues que condujeron a su libertad. En la misma encuesta, el 44% cree que él es el principal responsable de los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, en tanto solo el 18% cree en la versión de su defensa que cuando fue juzgado señaló que Fujimori no sabía de los crímenes del Grupo Colina.

El dato más contundente, sin embargo, es el siguiente: un largo 54% de peruanos está de acuerdo con la condena a 25 años por esos casos, un 27% cree que fue excesiva y solo el 16% considera que no debió ser condenado por esos crímenes. En este punto naufraga por completo el relato que se ha pretendido construir respecto a su sentencia, en el sentido de que esta fue motivada por el odio a su legado por un tribunal parcializado, tal como consta en los pedidos de hábeas corpus que la justicia ha rechazado.

Finalmente, el 69% de los encuestados señala que Fujimori debe retirarse de la política, un pedido que los peruanos han reservado siempre para los personajes controvertidos y objeto de graves acusaciones públicas. De ese modo, con las cifras en la mano se enlazan la memoria y la resistencia a la impunidad.

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