Reforma a medias: comicios de 2018 serán sin transparencia en los gastos

Elecciones 2018. Congreso eliminó la obligatoriedad para que los partidos presenten informes parciales sobre el financiamiento de sus campañas. Lo positivo: la prohibición de que postulen personas sentenciadas por corrupción, terrorismo y narcotráfico.

13 Ene 2018 | 6:20 h

El pasado martes 9, el Parlamento de la República terminó de fijar las reglas de juego para los comicios regionales y municipales de 2018. En total, seis leyes. Importantes avances, pero también serios retrocesos.

Contra el reloj, en el último día de plazo para aprobar normas con vigencia para los comicios de este año, el Congreso aprobó lo que podría ser considerado como la reforma más importante del último semestre, con Úrsula Letona al frente de la Comisión de Constitución.

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Se trata de la Ley 30717, que fue promulgada el mismo día, en una separata especial de El Peruano. Esta disposición prohíbe la postulación de personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación sexual.

La legislación alcanza incluso a aquellos que ya cumplieron sus penas y que ahora tienen la condición de rehabilitados. Igual, no pueden postular.

Lo controversial de esta reforma es que también pone en el mismo saco a las personas inocentes que injustamente fueron encarceladas en la década de los noventa, bajo acusación de terrorismo, y luego fueron indultadas por la Comisión Lanssiers. De hecho, uno de los directos afectados, Yehude Simon, alista una demanda de inconstitucionalidad, según adelantó a La República, el presidente del Partido Humanista, Roberto Sánchez.

Otra norma relevante es la Ley 30682, que establece que no se podrá cambiar las reglas de juego durante el último año previo al acto electoral. Esto debido a que el anterior Congreso realizó modificaciones legales en pleno proceso electoral, lo que generó inestabilidad.

Este precepto, sin embargo, tendrá vigencia plena para los comicios posteriores. Para el actual proceso, se estableció que las modificaciones legales solo se podían hacer hasta un día antes de la convocatoria oficial, lo cual ya se cumplió el pasado 10 de enero.

Controversiales

El Congreso también aprobó la Ley 30673, que hace ajustes al cronograma electoral. La norma impide la exclusión de candidatos en los últimos 30 días previos al acto electoral. Esto significa que si la ciudadanía o la prensa detectan irregularidades en contra de determinados postulantes, el jurado electoral estará atado de manos y ya no podrá retirarlos de la contienda.

En opinión de Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), este Parlamento solo está fijando reglas electorales a la medida de los intereses de Fuerza Popular y el Apra.

Para Yonhy Lescano, el Legislativo no hizo una reforma sino una contrarreforma. “La última ley aprobada sobre impedimento de condenados es solo un maquillaje”, apuntó.

“Se ha legalizado la compra de votos y la entrega de regalos. La Unidad de Inteligencia Financiera no podrá fiscalizar a los partidos en las campañas”, denunció el congresista de Acción Popular refiriéndose, en el primer caso, a la Ley 30689, sobre financiamiento de los partidos. En las elecciones pasadas, el candidato que era detectado entregando dádivas en campaña era retirado. Con la modificación, quienes incurren en esta falta tendrán que pagar una multa y solo si son reincidentes serían separados.

Esta disposición también elimina la obligatoriedad de los partidos de entregar sus informes de ingresos y gastos de campaña durante el proceso electoral. Solo lo harán dentro de los quince días posteriores al acto electoral. Esto fue criticado en forma reiterada por Allan Wagner, presidente de Transparencia.

Con la Ley 30688, el Congreso también elimina del mapa electoral a los movimientos locales. En adelante, solo se podrá postular a través de los movimientos regionales y los partidos nacionales. La norma no alcanza a los que ya adquirieron el kit de recolección de firmas hasta el 29 de noviembre de 2017.

La alternancia de género y la cuota indígena

- En opinión de Pilar Tello, de Idea Internacional, el Congreso pudo haber avanzado en legislar la alternancia de género, para las elecciones regionales y municipales. No lo hizo.

- “Actualmente, el porcentaje de regidoras, entre distritales y provinciales, es del 28%. Y en el país solo el 3% son alcaldesas”, explicó.

- La especialista citó como ejemplo el caso de Costa Rica, donde hay un sistema de alternancia vertical y horizontal, que permite un alto nivel de representación femenina en los gobiernos locales.

- Tello también advirtió que siguen vigentes las deficiencias en el sistema de la cuota indígena. “En otros países se usa lo que se llama los escaños reservados, que sí permiten representación auténtica”, aseveró.

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