Opinión histórica

La Corte Interamericana de DDHH y el matrimonio entre las personas del mismo sexo.

13 Ene 2018 | 6:05 h

En una histórica sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó a los estados del hemisferio occidental a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitirles el goce de los mismos derechos que se otorgan a las parejas heterosexuales. Respondiendo a una consulta de Costa Rica, la Corte ha puntualizado que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

En un extenso pronunciamiento de 89 páginas, la Corte ha emitido una opinión consultiva fuertemente argumentada, respaldada por cinco de sus siete miembros y con reparos de otros dos en algunos de sus acápites. El punto central del pronunciamiento reconoce que en algunos países existe una falta de consenso sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas. Sin embargo, la Corte sostiene que este hecho no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles a estas personas sus derechos humanos, “o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido”.

La posición de la Corte es amplia, y se orienta en una perspectiva garantista y humanista de los derechos de las personas al patrimonio y la convivencia legal de las personas al margen de su orientación.

En una posición que contradice la movilización conservadora en la región, señala que la Convención Americana no protege un determinado modelo de familia, debido a que la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales. Por lo tanto, considera que todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales.

El alto tribunal no ha evadido la tensión entre el Estado laico y los valores religiosos que pretenden legitimarse como leyes. Ha señalado que los estados deberán vencer dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, una resistencia que se basa en criterios religiosos, anotando que en las sociedades democráticas debe haber coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso sin que una interfiera en la otra.

En el caso peruano, esta opinión llega luego de que el Congreso realizara el año pasado la más grande depuración del enfoque de género en la legislación nacional y luego de que un movimiento profundamente conservador jaqueara el modelo de una educación inclusiva en los colegios. Se espera una movilización que responderá a este punto de vista de la Corte. En ese sentido, son saludables las primeras reacciones oficiales, entre ellas la del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien afirmó que el Estado peruano debe respetar la decisión de la Corte, el organismo que tutela y protege los derechos fundamentales.

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