"En defensa de la verdad", por Ollanta Humala

El expresidente Ollanta Humala escribe en esta edición de La República: "En defensa de la verdad".

10 Dic 2017 | 6:40 h

El país necesita de una clase política que, lejos del ruido cotidiano, trabaje para construir políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos. Nosotros lo hicimos en política educativa, social, infraestructura, carreteras y puentes, que fue el norte del Gobierno Nacionalista. La asignación del 4% del PBI a la educación, la recuperación y explotación juiciosa de nuestro mar jurisdiccional ganado en La Haya, la longitudinal de la sierra, el combate al narcotráfico, la modernización y equipamiento de nuestras FFAA y PNP, la masificación del gas, son metas alcanzadas que deben continuar.

El marco institucional de estas reformas trascendentales fue el respeto al Estado de Derecho, las libertades públicas, los derechos humanos, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Con el paso de los años, esas medidas serán entendidas serenamente. Así también sucederá con muchas de las investigaciones fiscales que ahora se promueven por venganza política, donde el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso justo y a la libertad, que se supone caracterizan a un Estado Democrático de Derecho parecen perdidos o seriamente disminuidos.

El caso Lava Jato expresa la cara más nítida de los actos de corrupción de empresas privadas, coludidas con funcionarios públicos. Tiene una característica esencial, que es la que ha permitido la individualización de las responsabilidades: la trazabilidad de la coima o “ruta del dinero”, a través de empresas offshore, la utilización de terceros o “testaferros”, y el empleo de paraísos fiscales. Nada de esto existe en nuestra investigación, a nosotros nos investigan por supuestos aportes de campaña de una empresa privada cuando no teníamos ningún cargo público.

Todos sabemos que en el Perú como en muchos otros países, los aportes de campaña están regulados por la legislación electoral especial. Sin embargo, para impulsar el apedreamiento procesal del que vengo siendo víctima junto a mi esposa Nadine, la fiscalía ha creado la ficción jurídica para conducir nuestra investigación hacia un supuesto caso de “lavado de activos”, que hoy en el Perú es un peligrosísimo cajón de sastre.

A nadie le deseo la cárcel; pero estoy convencido, y la opinión publica también, que hay un trato diferenciado, pues mientras a nosotros nos han aplicado una injusta prisión preventiva, a quienes sí configuran como Lava Jato, no, pese a que fuimos los únicos que afrontamos en el país todas las investigaciones y que por el honor de nuestra familia decidimos hacerlo incluso privados de nuestra libertad. Alguien jocosamente dijo: “A mis amigos todo; a mis enemigos, Odebrecht”.

Las condiciones carcelarias siempre son duras, sobre todo cuando el encierro nace de un abuso de poder y no de un acto probadamente ilícito. El abuso de la prisión preventiva en la práctica se convierte en una condena anticipada, donde una persona pasa de la presunción de inocencia a presunción de responsabilidad; y también es peligrosa porque las instituciones siempre tienen resistencia a reconocer que se equivocaron, prefieren por lo general optar por la indiferencia. Nadine y yo, como es de público conocimiento, jamás dimos una sola razón para que se nos aplique semejante medida, pues cumplimos rigurosamente todas las reglas de la comparecencia.

Si vemos en retrospectiva la actuación de la fiscalía y otros organismos públicos, encontraremos una serie de irregularidades. Desde las amenazas de congresistas, en ese momento de oposición, de llevar a la cárcel a los magistrados del TC para que, en el caso de mi esposa, desconocieran la validez de un archivo definitivo (figura de “cosa decidida”) y un Hábeas Corpus ratificado en dos instancias (figura de “cosa juzgada”), y de esta manera reabrir un proceso concluido en el año 2009. Así también, el impedimento y amenaza de llevarla a la cárcel si accedía al trabajo en la FAO. Asimismo, la prensa denunció el “testimonio” de una misma persona como aspirante a colaborador eficaz, pero con dos códigos; sin olvidar la famosa “carta de Chávez”, que resultó una farsa y cuyo autor sigue como aspirante a colaborador.

Por otro lado, la prisión preventiva nos imposibilita organizar nuestra defensa, nos causa indefensión, pues enfrentando tantas investigaciones, las coordinaciones con nuestros abogados se dificultan enormemente. Además, esta medida arbitraria ha destruido la estabilidad de mi familia, pues como es de conocimiento público, tengo tres hijos menores que están sufriendo un daño irreparable.

Estamos convencidos de que la prisión preventiva se ha convertido en el instrumento perverso del sistema de administración de justicia para hacer escarnio y aplacar la sed de venganza de quienes ahora toman café en Madrid, y tienen a toda una embajada (con embajador incluido) a su entero servicio. ¿Es ético permitir que el titular de nuestra legación en España siga recibiendo información reservada de los bancos de Andorra antes de que esta llegue a nuestras autoridades judiciales?

Formulo estas reflexiones ad portas de la decisión que en los próximos días deberá tomar la Corte Suprema sobre nuestro caso. Apelo a la conciencia jurídica de sus magistrados y también a la necesaria precisión doctrinaria y procesal que deberán hacer sobre el uso y abuso de este tipo de medidas en el Perú, pues requerimos con urgencia señales de justicia. Pese a que la Historia del Perú registrará con objetividad nuestro legado, me gustan más, como a Jefferson, los sueños del futuro que la historia del pasado.

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