Presupuesto 2018, Centralista

7 Dic 2017 | 6:00 h

Alberto Quintanilla Chacón
Congresista de la República.

El Congreso de la República aprobó los dictámenes en mayoría de la ley de presupuesto y las de financiamiento y endeudamiento para el 2018, coincidiendo en lo fundamental con la propuesta del Gobierno de PPK. Ante ello la bancada de Nuevo Perú presentó un dictamen en minoría.

Los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo responden a una política económica centralista, dependiente del mercado exterior, acompañados de un marco legal de contratación del Estado proclive a la corrupción. Para favorecer las inversiones se recurre a la modalidad de asociación público privada (APP) y obras por impuestos, en las que la iniciativa para hacer obras públicas proviene del sector privado, lo que sumado a que por mandato de la Constitución Política de 1993, el Estado ha renunciado a su rol planificador y en el papel contralor, es bastante débil, lo que permite el incremento excesivo en los costos de obras.

El carácter centralista del presupuesto se manifiesta cuando el 74.2% del presupuesto general y el 77% de la inversión pública se deciden desde el Gobierno Nacional, el saldo corresponde a 25 gobiernos regionales y casi 2,000 gobiernos municipales, el centralismo se mantiene pese a las transferencias desde el Gobierno Nacional para la ejecución presupuestal a los subnacionales, porque mantiene la facultad de decisión.

Otra característica de la ley de presupuesto aprobado es que desarrolla políticas económicas, enfocándose nuestra producción en los minerales, particularmente cobre y oro, para exportar al mercado exterior; no hay medidas que busquen el desarrollo del mercado interno, ni políticas de crédito adecuado para la diversificación de la producción, ni el incremento del sueldo mínimo vital, desoyendo, incluso, recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial.

Planteamos la necesidad de una Reforma Tributaria, quienes más ganan deben pagar más, sancionar la elusión así como la evasión. Asimismo es preciso acelerar los procesos judiciales de muchas deudas tributarias garantizando la defensa adecuada desde el Estado.

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