Los de saco y corbata

6 Dic 2017 | 6:00 h

La prisión preventiva de los 4 empresarios representantes de empresas vinculadas a Odebrecht ha sido, sin duda, histórica. Esto hubiera sido imposible sin la investigación de la Fiscalía y sin la pertinente actuación del juez Richard Concepción Carhuancho.

Concepción Carhuancho, a sus 45 años, se convierte en el primer juez que ordena prisión preventiva contra dos ex presidentes del país: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Ayer conversé con este juez. Me aseguró que además de confiar en el trabajo de la Fiscalía, se encontraba a la espera de un pedido de extradición “potente” contra Alejandro Toledo. Con este pedido, la pelota estaría en su cancha y daría la orden de extradición que traería –esperemos que pronto– a la pieza clave de toda esta maraña delictiva. Además, una vez que se cuente con Jorge Barata y Josef Maiman como colaboradores eficaces, es sólo cuestión de tiempo para Toledo. Así esperamos que sea para todos los casos de ex presidentes, alcaldes, o ex candidatas presidenciales.

La verdad es que conversar con el juez fue como escuchar una vocecita que dijese: ¡sí se puede! Sí se puede meter a los corruptos de saco y corbata a la cárcel.

Y es que la impunidad parece haber sido la regla en la historia de nuestro país, en especial, cuando hablamos del papel que ha jugado el empresariado de la mano de nuestra clase política. Alfonso Quiroz detalla en “Historia de la corrupción en el Perú” cómo el Perú era saqueado sistemáticamente con registro desde el siglo XVIII, pasando por episodios terribles como la firma del contrato de Dreyfus en 1869. Recordemos que la empresa Casa Dreyfus & Hnos., gracias a su asociación financiera con la Societé Générale y Leiden Premsel et Cie. de París, controlaron de manera cuasimonopólica las finanzas peruanas como acreedores, agentes financieros y contratistas del guano. Quienes se opusieron al contrato fueron arrestados y ni la Corte Suprema de Justicia fue escuchada.

Y es que la corrupción ha tenido asidero también debido a la precariedad de nuestras instituciones. Precariedad que se recuerda con particular vividez para quienes nacimos en los años noventa.

Para no irnos tan lejos, y como ya se ha estado recordando, uno de los cuatro empresarios detenidos, Fernando Camet, es hijo de Jorge Camet, quien fue ministro fujimorista y cuya empresa JJ Camet ya contrataba con el Estado en la época. Camet padre también fue acusado de colusión en agravio del Estado y estuvo preso –luego de un proceso de 12 años– poco tiempo. Terminó absuelto y en casa debido a su avanzada edad.

Ojo que aún tenemos a varios empresarios prófugos de la justicia y que esta columna valga para recordarlos. Entre ellos, se me vienen a la mente el ex vicepresidente de la Confiep, Lelio Balarezo, y el empresario Gustavo Salazar, también vinculado al caso Odebrecht.

De hecho, la corrupción en nuestro país se ha convertido no sólo en fenómeno institucional, sino en uno generacional. Por ello resulta importante no olvidar el pasado y jamás permitir que se trunque la labor de quienes investigan a estas mafias, incluso las de saco y corbata: los fiscales. No volveremos más a los noventas.

Por eso, cuando escucho a Concepción Carhuancho decir que las denuncias del Congreso contra el Fiscal de la Nación están interfiriendo con su trabajo, que es la persecución del delito, me regresa la esperanza.

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