Abogado de JJC y pedido del fiscal muestran que socios sí eran investigados

Fernando Camet Piccone, de JJC Contratistas Yabogado Eduardo Alcócer, mencionó pericias realizadas por la Fiscalía.

4 Dic 2017 | 7:00 h

Al defender a su cliente Fernando Camet Piccone, de JJC Contratistas, el abogado Eduardo Alcócer mencionó pericias realizadas por la Fiscalía a esta empresa en abril pasado. Es decir, ya entonces los fiscales investigaban a la exsocia de Odebrecht. De este modo, se debilita el argumento del fujimorismo contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que alega inacción del Ministerio Público respecto a los exconsorciados de la compañía brasilera.

Alcócer cuestionaba que la fiscalía no haya permitido a su defendido participar de esas pericias, como había solicitado. De este modo, buscaba rebatir un indicio presentado por el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, para pedir la prisión preventiva de Camet Piccone.

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"¿Mi patrocinado tuvo la posibilidad de participar en la pericia, de nombrar perito de parte, de cuestionar, de presentar documentos? De ninguna manera. Se limitó el derecho de defensa. Una investigación reservada evitó que mi patrocinado pueda ejercer este derecho fundamental", adujo el abogado.

Precisó que desde abril pasado requirieron que se les permita defenderse en el proceso de la investigación.

"No tuvimos participación a pesar (de) que en reiterados escritos, tanto del 5 de abril del 2017, 12 de abril del 2017, 21 de abril del 2017 y del 22 de noviembre de este año se pidió participar en la investigación para conocer los términos de la misma y poder defenderse ante una eventual imputación", dijo.

Asimismo, en el documento del pedido de prisión preventiva del fiscal Castro, se lee: "De acuerdo con la Disposición N° 8, de fecha 07/3/2017, se le imputa (a Camet Piccone) el delito de colusión. Es decir, ya en marzo la Fiscalía lo tenía en sus procesos investigatorios. La Disposición 8, de marzo pasado, también involucra a José Castillo Dibós, de ICCGSA, otra empresa ex socia de Odebrecht, según refiere el documento de la Fiscalía.

En su pedido de acusación constitucional contra Sánchez, el vocero fujimorista, Daniel Salaverry, esgrime que "los principales directivos de (Graña y Montero) y las demás empresas consorciadas no son investigadas por el Ministerio Público".

Yeni Vilcatoma, exintegrante de FP, también alega en su pedido de acusación contra Sánchez que la fiscalía no ha iniciado investigación o disposición preliminar para incluir a las ex consorciadas de Odebrecht en el caso Lava Jato. 

Fujimoristas en dudoso entorno

Fernando Camet Piccone, de JJC, tomó la posta de la empresa de su padre, Jorge Camet, recordado ministro de Economía del fujimorato acusado por la compra de aviones a Bielorrusia.

En Graña y Montero, el secretario general del fujimorismo, José Chlimper, fue director cuando se pagó la coima a Alejandro Toledo, según los indicios. En Registros Públicos, está la inscripción de Chlimper como director en marzo del 2006 y su renuncia en diciembre del 2015. Según la fiscalía, Odebrecht dio el soborno entre junio del 2006 y junio del 2010. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, declaró a la fiscalía que los socios aportaron a la coima.

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