Denuncia descarrilada

La respuesta del Ministerio Público en defensa de su autonomía.

14 Nov 2017 | 6:00 h

Recientes declaraciones descarrilan la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y desnudan sus principales objetivos. El mismo fiscal ha salido al frente a puntualizar los elementos que convierten la acusación en un ataque a la democracia desde la plataforma autoritaria en la que Fuerza Popular ha convertido al Congreso. Por su parte, los voceros fujimoristas, con sus ataques carentes de argumentos, han contribuido a develar los verdaderos motivos de la denuncia.

Sánchez ha denunciado a su vez lo que denomina “efectos expansivos” de esta acusación, que es comunicar a los fiscales del país un mensaje negativo respecto de lo que les puede suceder si investigan a una persona con poder. La reacción pública del más alto cargo del Ministerio Público a la denuncia ha tomado el sentido de una defensa de la autonomía e independencia de este organismo y, en esa dirección, del orden democrático afectado en sus valores de lucha contra el delito y la impunidad.

Sánchez considera que la denuncia es un cuestionamiento al trabajo del Ministerio Público como institución rectora de la investigación penal. En esta defensa queda claro lo que sus denunciantes ya sabían: que el Fiscal de la Nación no puede ordenar a los fiscales y que estos tienen autonomía en las investigaciones en curso.

En la reacción del fiscal existe un elemento crucial que debe ponerse en el centro de esta trama: la convicción de que la denuncia no está relacionada con la corrupción brasileña sino con la reapertura de las investigaciones a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y financista de este grupo, un personaje al que el fujimorismo ya no puede defender pública y directamente.

Ello no impide que el ataque a la fiscalía, inicialmente presentado como iniciativa individual del congresista Daniel Salaverry –que coincidentemente es allegado a Ramírez, fue socio de este en actividades deportivas y ahijado del mismo en su ingreso al fujimorismo–, asuma la forma de un operativo partidario en defensa de su ex dirigente, y del que no está al margen Keiko Fujimori.

La evolución de esta denuncia ha sido natural y ha tomado con rapidez la fisonomía de una iniciativa muy distante de sus propósitos declarados, en los cuales no creen ni los mismos denunciantes. Este cuadro se consolida luego de que el fiscal Hamilton Castro confirmara que, contra lo que señala Fuerza Popular, sí se encuentran investigadas las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú. En cualquier caso, la decisión específica sobre el tema no le corresponde al Fiscal de la Nación.

Lo que sucede no es diferente a lo apreciado en otros países donde, sin medir las consecuencias, los políticos acusados de corrupción se atreven audazmente a usar las instituciones a su cargo para evitar la acción de la justicia, hostigando a los jueces y fiscales para alcanzar la impunidad. En las experiencias revisadas, incluidas las más recientes en Brasil, estas burdas maniobras no funcionaron. El Perú no será la excepción.

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