Proética: “Denuncias del fujimorismo amenazan la institucionalidad democrática”

Entidad emitió un pronunciamiento en defensa del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional ante las acusaciones que el partido fujimorista impulsa.

10 Nov 2017 | 20:55 h

Proética se sumó este viernes al rechazo que varias instituciones han hecho llegar a las acciones que el fujimorismo impulsa contra magistrados del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Mediante un pronunciamiento, dicha entidad cuestiona que el partido político que representa la primera mayoría del Congreso no respete la separación de poderes y la independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia.

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“Reconocemos la labor que esta institución (Fiscalía) ha venido realizando bajo el liderazgo de Pablo Sánchez, para organizar y conducir las investigaciones en materia de corrupción, particularmente en el caso conocido como ‘Lava Jato’, el más importante que ha conocido el Perú, después del desmantelamiento de la red criminal tejida por el ex presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos”, se sostiene.

Como se recuerda, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, acusó el titular del Ministerio Público por supuestas “omisiones funcionales” al no promover acciones que permitan que las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht sean investigadas. 

Respecto a los magistrados del TC, el fujimorismo con los votos del Apra impulsaron que cuatro miembros de la entidad suprema sean investigados constitucionalmente por emitir un fallo que devolvió la calidad de lesa humanidad a los crímenes perpetrados en el Caso El Frontón.

En esta línea, Proética señala que los magistrados acusados de prevaricato “gozan de inviolabilidad, independientemente del derecho que asiste a todos para coincidir o discrepar de sus decisiones, no pueden ser acusados ante autoridad alguna, incluyendo al Congreso”.

“Los procesos de acusación constitucional (...) constituyen una grave amenaza a la institucionalidad democrática en el país que, de consumarse, implicaría instalar una nueva forma de autoritarismo y agravio a la constitucionalidad”, sentencian.


 

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