Fujimoristas se dividen por pena de muerte a violadores

Divergencias. Kenji Fujimori y Miguel Torres discrepan de una treintena de compañeros sobre la pena capital. Proyecto de ley de Karla Schaefer no explica cómo habilitar la medida.

5 Nov 2017 | 6:45 h

El jueves pasado la congresista fujimorista Karla Schaefer presentó el proyecto de ley 2069 para castigar con pena de muerte a los violadores de menores de siete años, en caso la víctima muera. Al día siguiente, su compañero de bancada Kenji Fujimori publicó una columna de opinión en la que se oponía fervorosamente a la medida.

“Nos equiparamos con el asesino; retrocedemos al pasado cuando tomamos una vida en pago de otra”, escribió.

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Antes, el subsecretario de FP, Miguel Torres, también se había mostrado contrario a la pena máxima. “Soy un parlamentario convencido del derecho a la vida en toda instancia, incluso en situaciones deplorables como la vida de un violador”, afirmó.

Ante los periodistas agregó que “un problema no se soluciona con sanciones drásticas, es una situación complicada y se tienen que analizar los errores de la sociedad”.

Pero no todos se animan a hacer pública su posición. La fujimorista Nelly Cuadros le dijo a La República que “hay que escuchar al pueblo antes de definir una postura”.

Milagros Salazar, por su lado, declaró que oirá la explicación de Schaefer en la próxima reunión de su bancada para saber qué tan viable es, en términos jurídicos, implementar la medida.

El proyecto planteado por Karla Schaefer y respaldado por una treintena de fujimoristas propone cambiar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú. El texto se basa en una iniciativa legislativa de Luisa María Cuculiza del año 2011.

La exposición de motivos, casi toda ella una cita textual de la propuesta de Cuculiza, usa el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos a placer: cita el artículo 19 que dice que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere”, pero obvia el artículo 4 que indica que la pena de muerte no se extenderá “a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.

Cuando el Perú ratificó el tratado, en julio de 1978, los únicos delitos que merecían la pena capital según la Constitución eran la traición a la patria y el homicidio calificado. La Carta Magna de 1979 redujo el ámbito de aplicación solo a los traidores, evoca el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. Para introducir la pena de muerte en el país es imprescindible que el Perú se salga del marco de la Convención.

El proyecto de Schaefer no lo menciona. El magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales Gattas Abugattas explica que el proceso de retiro de la Convención dura un año y puede realizarse de forma simultánea al resto de modificaciones necesarias: el cambio de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y el Código de Ejecución Penal (ver gráfico). La propuesta de Schaefer tampoco dice una sola palabra sobre las reformas penales.

La penalista Romy Chang agrega que la celeridad de las reformas depende de la voluntad de los promotores. Por ejemplo, un decreto legislativo a cargo del Ejecutivo sería más rápido que una ley dada por el Congreso.

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