Nakazaki‏: “Inmunidad protege al presidente de la República de ser procesado penalmente”

No obstante, el abogado precisó que la inmunidad no lo exime de ser testigo en una investigación, en alusión a la controversia por el interrogatorio de la comisión Lava Jato a PPK.

7 Oct 2017 | 21:51 h

En medio de la polémica por la intención de la comisión Lava Jato del Congreso de interrogar a Pedro Pablo kuczynski sobre su participación en la adjudicación de la carretera Interoceánica a Odebrecht, el abogado penalista César Nakazaki recordó que el presidente de la República goza de la llamada inmunidad presidencial.

En efecto, el artículo 117 de la Constitución establece que el jefe de Estado, mientras dure su mandato, no puede ser objeto de acusación o denuncia, salvo en contados y graves situaciones especificadas en el propio texto constitucional.

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Sin embargo, Nakazaki precisó, a través de su cuenta de Twitter, que esta inmunidad no exime al presidente de ser testigo en una investigación.

“Presidente no puede negarse a ser testigo por inmunidad; sí invocar derecho de no incriminación para no responder interrogatorio”, detalló.

La comisión Lava Jato busca que PPK explique su participación en la adjudicación de la megaobra en 2005, tomando en cuenta que formó parte del gobierno de Alejandro Toledo como presidente del Consejo de Ministros, y ministro de Economía y Finanzas. Además, también fue titular del Consejo Directivo de Proinversión.

Sin embargo, el jefe de Estado ha manifestado que no se reunirá con este grupo de trabajo. “Es un circo, la vez pasada que acepté reunirme con una comisión sobre el caso del doctor [Carlos] Moreno, los invité a Palacio, vinieron todos y fue una recatafila de insultos espantosos. Yo no voy a someter la Presidencia de la República a eso”, señaló el viernes último.

Inmunidad presidencial 

El jefe de Estado, así como otros altos funcionarios, goza de este derecho para evitar ser perseguido judicialmente durante el ejercicio de sus funciones. El artículo 117 de la Constitución establece claramente que, mientras esté en funciones, solo puede ser acusado por cuatro razones: traición a la Patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso y por impedir su funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

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