El negocio de la deforestación y del acceso a tierras en la Amazonía

Despojo y lucro. Un caso de tráfico de tierras en la región Ucayali para la producción de palma aceitera en manos del grupo empresarial Melka que involucra a ex funcionarios del gobierno regional investigados por delitos de corrupción.

5 Sep 2017 | 6:18 h

Aramís Castro
Convoca

A unos 500 kilómetros de Lima, desde una oficina de la región amazónica de Ucayali, se han otorgado –al menos desde 2013– centenares de certificados para el acceso a tierras a personas que, en algunos casos, ni tenían conocimiento de haber adquirido estos terrenos y luego terminaron en manos de una empresa cuyo fundador, Dennis Nicholas Melka, ha sido acusado de deforestar más de 13 mil hectáreas de bosques de las regiones de Ucayali y Loreto, en la Amazonía peruana.

Convoca.pe viajó en dos oportunidades a diversas localidades de Ucayali en alianza con Proética, para investigar quiénes eran los personajes involucrados en estos hechos y su impacto social y ambiental en la región con más tierras deforestadas en la Amazonía peruana, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente.

PUEDES VER Ex abogado del municipio de Coronel Portillo es invasor de terreno y patrocina a sus vecinos

Lo que encontramos en este vaivén de entregas de las llamadas constancias de posesión de tierras fue fundamental la participación de exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) que aprobaron estos certificados a favor de personajes denunciados por traficar tierras y de Plantaciones de Ucayali S.A.C (hoy Ocho Sur U S.A.C), compañía creada por Melka para el negocio de los cultivos de palma aceitera a gran escala.

A la par de estas operaciones sospechosas, una decena de agricultores del caserío Bajo Rayal se ha rehusado a vender sus parcelas a la empresa que fundó Melka. Convoca.pe llegó a este lugar después de dos horas y media de viaje en camión y luego en balsa desde la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali. Ahí encontramos a la agricultora Carmela Castro Najarro, quien señaló: "No queremos vender nuestras tierras. Pero la empresa nos amenaza. Han venido a destruir".

Carmela se ha enfrentado a la empresa desde 2012, año en el que el grupo Melka también inició su plan de expansión en la Amazonía con una estrategia para acceder a las tierras sin importar que se derriben bosques y reemplazarlos por cultivos de palma aceitera y cacao. Ucayali fue el epicentro. En esta región, la entrega de tierras a personas particulares también aumentó: se otorgaron más de tres mil 500 constancias de posesión de tierras entre 2011 y 2014, según una base de datos construida por Convoca.pe a partir de pedidos de información a la DRAU y como parte del proyecto periodístico "Tierra Herida".

Modus operandi

Una de las modalidades de las compañías de Melka para acceder a los terrenos fue mediante la compra de constancias de posesión o títulos a particulares. Bajo este método, las compañías del empresario checo-estadounidense lograron adquirir cerca de tres mil hectáreas, de las cuales cerca de mil corresponden al caserío Bajo Rayal. Agricultores de esta localidad se enfrentan a una de las compañías de Melka, Ocho Sur U S.A.C. (ex Plantaciones de Ucayali S.A.C.) porque aseguran que obtuvieron las constancias de posesión hasta 2013, antes de que esta empresa adquiriera las tierras.

Sin embargo, en junio de 2014 estas constancias fueron canceladas para ser otorgadas de manera irregular, en casos probados por las autoridades del Ministerio Público en Ucayali (detallado en el expediente N° 2014-70-0), a terceros que posteriormente vendieron a la compañía de Melka, entonces denominada Plantaciones de Ucayali S.A.C.

"En 2013 nos han dado una constancia de posesión y la directora de la DRAU Celia Prado Seijas anula la constancia de posesión y le entrega después a la empresa", denuncia Emerson Ponce Claudio, ex teniente gobernador del caserío Bajo Rayal.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, el técnico de campo Carlos Garaycochea "habría reconocido que las actas de inspección ocular” de agosto de 2013" para el otorgamiento de las constancias de posesión a personas vinculadas a Plantaciones de Ucayali se hicieron por "insistencia" del ingeniero Luis Armando Pasquel Quevedo, entonces a cargo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, que dependía de la DRAU.

En setiembre de 2014, Pasquel Quevedo declaró ante la Fiscalía de Ucayali que la inspección hecha por el ingeniero Garaycochea se realizó cuando él ya no se encontraba en el cargo. Lo que no señaló en su versión fue que mientras era el responsable de la Dirección de Saneamiento Físico Legal recibió el plan de trabajo que iba a realizar Garaycochea a inicios de agosto de 2013 como consta en los documentos a los que accedió Convoca.pe.

El cuestionado plan en el que aparece registrada esta inspección se presentó el 24 de julio de 2013, apenas un día antes de que Pasquel dejara el cargo de director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Ucayali. La diligencia estuvo marcada por irregularidades. Este medio buscó a Pasquel Quevedo para obtener su versión pero no hubo respuesta.

Entre los supuestos beneficiados de las constancias de los predios como resultado de esta diligencia aparecen los pobladores Carlos Ramírez y Hugo Macuyama.

Convoca.pe conversó con Carlos Ramírez en su domicilio, una humilde vivienda de un asentamiento humano en Yarinacocha, distrito en Ucayali. El poblador aseguró que no sabía cómo llegó su firma al pedido de constancia de posesión ni al acta de inspección que realizó el ingeniero Garaycochea. Esta declaración coincidió con la que dio ante la Fiscalía en la que incluso indicó que su rúbrica era falsa.

De fachada

Documentos de la investigación fiscal 2014-70-0 revelan que la persona que obtuvo los poderes de las tierras de los agricultores de Bajo Rayal y en los que aparecen los nombres de Carlos Ramírez y Hugo Macuyama es Javier Bartra, cuñado del entonces gerente de Plantaciones de Ucayali, Alfredo Rivera Loarte.

Pero no son las únicas acciones que levantan sospechas. Entre los pobladores que supuestamente vivían en Bajo Rayal y obtuvieron las constancias de posesión que luego terminaron en poder de la empresa de Melka, aparecen personas domiciliadas en otras regiones del país como Sonia Amasifuén Clariano, de Lima, y Edward Villegas Reyes, de la región La Libertad. Estos casos llaman la atención debido a que una persona que solicita y posteriormente recibe una constancia de posesión debe haber acreditado que ha trabajado la tierra en la zona.

Al menos nueve personas que solicitaron la irregular visita de campo, a cargo del técnico Garaycochea de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) para obtener la posesión de las tierras de Bajo Rayal, entregaron los poderes de estos predios vía carta notarial a José Renzo Puyen, abogado de Plantaciones de Ucayali, la empresa de Melka.

La compra de los predios también se hizo por montos marcadamente distintos. Joysi Chávez y Rosaura Yimachi, quienes vendieron sus terrenos y que al ser entrevistadas aseguraron que no recordaban cuánto dinero recibieron de la empresa de Melka, entregaron los poderes a favor de Plantaciones de Ucayali por 33 mil 200 soles y 23 mil 544 soles, respectivamente, como consta en los documentos de la notaría donde se hizo la transacción y a los que accedió Convoca.pe.

Pese a los indicios la investigación fiscal fue archivada en febrero de 2017. Sobre los exfuncionarios pesaba una denuncia por delitos contra la administración pública, en la modalidad de concusión, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Contratos en serie

Plantaciones de Ucayali también tuvo otra estrategia para adquirir tierras sin mucho esfuerzo. En el caserío Zanja Seca, ubicado a más de dos horas desde la ciudad de Pucallpa, se compraron otros predios, como admitió el entonces gerente de Plantaciones de Ucayali, Alfredo Rivera Loarte, en una manifestación ante la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Ucayali que se realizó en octubre de 2013.

Al ser consultado sobre los nombres de las personas que vendieron las tierras a la entonces compañía Plantaciones de Ucayali, Rivera mencionó a Teobaldo Jesús Vega y Sulma Soto Isuiza. El representante de la compañía aseguró que les compró 77 y 91 hectáreas, respectivamente, así como “otras (hectáreas) en un aproximado de 100 personas [sic]”.

Convoca.pe accedió a este centenar de contratos y construyó una base de datos para analizar cómo se realizó esta operación comercial. Esto nos permitió concluir que Plantaciones de Ucayali compró de manera directa, entre febrero y octubre de 2013, más de 990 hectáreas por poco más de 900 mil soles. Los terrenos adquiridos por la empresa oscilaban entre una y 40 hectáreas de extensión y se ubicaron en los caseríos de Bajo Rayal y Zanja Seca, en el distrito Nueva Requena.

En los contratos se legalizó el discurso de la empresa: se señala que estas personas ocuparon la zona por un "error involuntario", que no tenían derecho a ocupar la zona, tampoco interés en reclamar sus tierras y que abandonarían la zona para entregarla de "manera pacífica". El pago lo realizó Plantaciones de Ucayali, de acuerdo a los documentos.

Los predios fueron adquiridos en medio de un conflicto con los pobladores.

El exteniente gobernador del caserío de Bajo Rayal y hoy afectado por la cancelación de su constancia de posesión Emerson Ponce Claudio cuestiona las actividades de la ex Plantaciones de Ucayali: "La empresa viene con seguridad y nos dice que no podemos trabajar en nuestra chacra porque está procesado, pero pasan dos o tres días y ellos están sembrando palma aceitera en el lugar", se cuestiona.

En diversas ocasiones, la compañía he evitado dar declaraciones sobre el tema a Convoca.pe. Sin embargo, el modus operandi del grupo Melka se repite una y otra vez en la Amazonía.

En los contratos se legalizó el discurso de la empresa: se señala que estas personas ocuparon la zona por un “error involuntario”.A la par de operaciones sospechosas, agricultores se han rehusado a vender sus parcelas a la empresa que fundó Dennis Melka, acusado por la deforestación de más de 13 mil hectáreas de bosques.

Funcionarios investigados

La ex directora de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) Celia Prado Seijas fue una de los funcionarios investigados por la Primera Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali por este caso. A Prado Seijas se le acusaba de aprovechamiento indebido del cargo como parte de la carpeta fiscal N°193-2015 que fue archivada en febrero del 2017.

La ex directora de la DRAU Celia Prado aseguró a Convoca.pe que “nunca se le encontró nada” y que ella no estaba al tanto de las presuntas firmas falsas en el proceso de entrega de las constancias de posesión de tierras porque en esos días recién iniciaba sus actividades al frente de la DRAU.

Te puede interesar