Aldo Panfichi.: “El gobierno no previó que habría conflictividad social”

Entrevista a Aldo Panfichi. Sociólogo, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

12 Ago 2017 | 7:00 h

En su análisis de la coyuntura, Panfichi considera que el conflicto social al que se enfrenta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se suma a la debilidad institucional de la que algunas agrupaciones políticas podrían sacar provecho. Cuestiona, además, que el Ejecutivo no haya previsto las demandas reivindicativas.

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Hay un diálogo entre los docentes y el Ejecutivo, pero parece que no estamos llegando a buen puerto.

Era algo esperado que en este período, cuando el presupuesto empieza a discutirse en el Congreso, haya cierta estacionalidad de la conflictividad social. Era de esperarse que hubiera demandas reivindicativas de índole presupuestaria, pero parece que el Ejecutivo no previó esto, porque las respuestas no han sido articuladas.

El presidente conversó con algunos dirigentes regionales y luego con el SUTEP, lo que no fue bien visto por otros líderes magisteriales…

Hay distintos pesos de representación. El SUTEP nacional es el que tiene la representación legal y el reconocimiento del Estado para cualquier negociación y es lógico que el gobierno intente mantenerlos a ellos en la mesa de diálogo, pero eso no debe obviar que en las bases, en las calles, hay otros actores más representativos. De ahí viene este intento de negociar esto por etapas. Lo que tenemos es a un gobierno de economistas que piensan que la economía resuelve los problemas y que no necesitan vincularse con la gente.

Un artículo de Sonia Goldenberg se pregunta si el Perú debería construir una cárcel presidencial. Este vínculo de nuestros ex presidentes con la corrupción, ¿exacerba el movimiento social?

No solo el movimiento social, sino la atmósfera del ciudadano de a pie. Recuerda que Fujimori surge como un descrédito de la política. Pero también quisiera llevarlo por otro lado: el hecho mismo de que tengamos a un ex presidente en la cárcel y otro con detención provisional, eso nos dice que no estamos tan mal.

Pasando del plano social al institucional. ¿Hacia dónde apuntan medidas como la de querer reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)?

Este intento de querer cambiar la Ley del CNM muestra cómo este gobierno de economistas busca recortar la participación de la sociedad civil, en vez de reformarla. Lo mismo estaría sucediendo con el Tribunal Constitucional (TC). Creo que la mayoría del Congreso está apuntando a poner a Augusto Ferrero en el TC. Es público que este señor ha sido abogado del cardenal Cipriani y embajador en el Vaticano. Por lo tanto, esa persona en el TC, donde se discuten derechos básicos de las personas, es también cierta garantía de que la agenda conservadora estará presente.

Dice que esto es parte del accionar de un gobierno de economistas, pero... ¿no hay un acuerdo del gobierno de PPK con el fujimorismo?

Conociendo cómo es la política peruana, ese nivel de estructuración de acuerdos políticos sería demasiado. Creo que hay coincidencias en los planes económicos de ambos partidos, pero en otros temas hay recelos. No hay que olvidar cuánto tiempo ha tenido que pasar para que el fujimorismo procese su derrota.

Algo que algunos resaltan como positivo es la acción internacional de este gobierno. Se acaba de expulsar al embajador de Venezuela del Perú. ¿Qué consecuencias podría traer esto?

Esto es un agravamiento de la relación. Habría que ver cuál será la reacción de los otros países que acudieron a la última reunión sobre Venezuela para saber si esto solo quedará como un gesto de Perú o habrá un efecto dominó. Llevar al nivel de ruptura es un poco complicado porque nosotros tenemos una migración venezolana diaria que se incrementa y me imagino que los propios venezolanos no querrán que se cierre esta ventana.

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