La ley Keiko

El TC debe impedir la restricción inconstitucional de la actividad parlamentaria

12 Ago 2017 | 6:00 h

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado al voto la demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Reglamento del Congreso que so pretexto de luchar contra el transfuguismo, establece restricciones a la actividad parlamentaria.

Como se recuerda, estos artículos del reglamento fueron modificados el año pasado con los votos de Fuerza Popular apenas iniciada la legislatura, imponiendo una suerte de muerte civil a los legisladores que renuncien o sean expulsados de sus bancadas, impidiéndoles formar grupos parlamentarios o se adhieran a otros, y prohibiendo que presidan comisiones, integren la Mesa Directiva o la Comisión Permanente.

Estos cambios fueron rápidamente identificados como una protección forzada de Keiko Fujimori, cuyo partido obtuvo en las elecciones un número de legisladores –73 inicialmente– que excedió sus expectativas, inclusive. Como se sabe, la elaboración de las listas parlamentarias de ese grupo se llevó a cabo a través de la cooptación de independientes, aunque la mayoría de ellos había postulado por otros partidos o movimientos regionales y locales a diversos cargos, un proceso del que emergió un grupo atravesado por brechas que tempranamente se hicieron públicas.

A la cúpula de Fuerza Popular se le ocurrió usar un mecanismo antidemocrático y sancionador para forzar la unidad de su bancada, blandiendo contra sus propios legisladores la amenaza del ostracismo y la restricción de derechos, reduciendo inconstitucionalmente su condición de representantes elegidos con el voto ciudadano.

La lucha contra el transfuguismo es una necesidad de la democracia peruana, pero la legislación orientada a ese propósito debe ser a través de normas habilitantes, generales, coherentes y constitucionales para resolver de raíz un problema de más de 20 años de vigencia.

De hecho, es el fujimorismo el precursor del transfuguismo. Luego de las elecciones de 1995, más de 10% de legisladores electos por los partidos UPP, CODE-País Posible, Frepap y FIM se pasaron sin mayor trámite a la bancada oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90, y lo mismo sucedió el año 2000, solo que en este caso varios fueron comprados con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Es más, la actual bancada de Fuerza Popular tiene entre sus filas por lo menos a tres legisladores elegidos antes por otras bancadas; son los casos de Karina Beteta, Esther Saavedra, Wuilian Monterola.

El mejor modo de evitar el transfuguismo es la incidencia en la formación de la representación, en lugar de estrechar el ejercicio de esta, permitiendo el debate interno y la adopción de decisiones democráticas. Prohibir el debate con medidas administrativas –como en los casos de los legisladores Patricia Donayre y Kenji Fujimori– es una opción que empobrece la democracia y el Parlamento. Si el fujimorismo quiere fortalecer los paridos tiene en sus manos la reforma electoral, las elecciones directas de dirigentes y candidatos, la eliminación del voto preferencial y la lista alternada de mujeres y hombres a los cargos de elección popular.

Te puede interesar