El proyecto sobre el CNM: una mala idea

3 Ago 2017 | 6:00 h

Por más que se le quiera presentar como un asunto “técnico”, la decisión sobre quién y cómo se nombra y evalúa a jueces y fiscales tiene directo contenido político. En todos los países ha sido –y es– tentación permanente del poder llevar la batuta en este tema. En los últimos días el tema viene siendo álgido en países tan distintos como Venezuela, Turquía o Polonia. En los tres, sus gobiernos han dado pasos osados para controlar el sistema judicial desde las altas cortes y en los sistemas de designación.

En Venezuela, con cuestionados nombramientos “fast track” hechos por el Congreso que terminaba funciones a fines de 2015, antes de que asumiera el legislativo controlado por la oposición. Entre magistrados que fueron “persuadidos” de renunciar más los que se fueron nombrando luego, se logró un control total por el ejecutivo.

En Turquía, luego del frustrado golpe de Estado la mira se puso no en los golpistas sino en los jueces: mayor poder gubernamental en los nombramientos, ceses o traslados de más del 30% de los jueces y más de 2,400 aún detenidos. En Polonia, los pasos del gobierno para que se aprueben tres leyes para darle gran poder al gobierno en materia de los nombramientos vienen siendo parcialmente frenados por la Unión Europea.

En el Perú no se vive, felizmente, una situación semejante. Pero, como en cualquier país, hay riesgos. Los ojos de la sociedad tienen que estar muy abiertos cada vez que se promueve o anuncia una medida sobre este asunto para que el remedio no acabe resultando peor que la enfermedad.

Como lo han destacado ya varios analistas, el proyecto sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene serios riesgos. Y no nos olvidemos que el CNM tiene por función no solo designar jueces y fiscales sino también ratificarlos –o no– cada siete años. Inmenso y trascendente poder.

El CNM funcionaba mal, cierto. El sistema de elección de delegados por algunas de sus entidades integrantes no fue siempre ejemplo de transparencia ni los requisitos exigidos para integrarlo fueron muy rigurosos ni el formato usual para designar jueces fue el concurso público. Muchos personajes inescrupulosos, además, se valieron de su posición allí para beneficiar a allegados o para llevar a cabo designaciones a veces impresentables.

El proyecto del ejecutivo –derivado del encuentro PPK-Keiko, según se ha reconocido– presenta cuatro problemas serios. No permite superar la crisis actual y presenta, peor aún, nuevas amenazas contra un sistema judicial eficiente e independiente.

Primero, el ingreso de un representante del ejecutivo y otro del Congreso es un grave error. Como es fácil adivinar, la “voz cantante” en el nuevo CNM “achicado” (a cinco miembros) la acabará teniendo quien formula el presupuesto nacional –el gobierno– y quien lo aprueba (el Congreso). Los otros dos representantes, además, no lo son de “la justicia” (sino de la Corte Suprema) ni del “Ministerio Público” (sino de la junta de fiscales supremos). El quinto lo elegirían todos.

Segundo, grave que se elimine la participación de la sociedad civil. Debe mantenerse, afinándola y perfeccionándola. Introduciendo, por ejemplo, reformas importantes en el proceso de elección de representantes, requisitos cualitativos para los mismos y la transparencia total en su desempeño.

Tercero, porque se mantiene la peligrosa espada de Damocles de la ratificación de jueces y fiscales por el CNM cada siete años. Que sería mucho más peligrosa con un nuevo CNM con control político más evidente por el poder. Se presta a que se convierta en periódicas “barridas” con criterios políticos.

Cuarto, porque la norma fundamental tendría que establecer una clara obligación que guíe al CNM y sus procesos de selección: concursos públicos transparentes –en todas sus fases– para las designaciones y derecho de la sociedad a opinar.

En los últimos días el tema viene siendo álgido en países tan distintos como Venezuela, Turquía o Polonia.

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