Operación presión

Como en 1997, el Congreso amenaza la independencia del Tribunal Constitucional.

16 Jul 2017 | 4:30 h

Desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declarara procedente la denuncia de algunos ex jefes de la Marina contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional que dejaron sin efecto una resolución que señalaba que la matanza de El Frontón de 1986 no era un delito de lesa humanidad, pende sobre el TC el grave riesgo de disolución, como ocurrió en 1997 durante el régimen de Fujimori y Montesinos, cuando este organismo se opuso a la ilegal reelección de Fujimori.

Veinte años después de dichos sucesos, el mismo grupo ha puesto en marcha el mecanismo parlamentario contra cuatro miembros del TC, Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma. La sub comisión, presidida por Karina Beteta, de Fuerza Popular, los acusa del delito de prevaricato por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, al supuestamente cambiar el sentido de un fallo que tenía calidad de cosa juzgada constitucional bajo una modalidad de corrección de error material e interpretando el voto de un magistrado que a dicha fecha no estaba en ejercicio de sus funciones.

Los magistrados  acusados han advertido que si el Congreso avanza en la acusación y los procesa, violaría el debido proceso. Ellos recuerdan que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite el 26 de junio la denuncia presentada el 25 de abril por los ex marinos, sin advertir que los mismos denunciantes habían interpuesto antes, el 21 de abril, un recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional.

Como se recuerda, en junio de 1986, el motín de El Frontón durante el primer gobierno de Alan García, tomado por varios días por los terroristas de Sendero Luminoso, fue debelado con la muerte de más de 130 personas. El proceso, que fue dilatado principalmente por los acusados y que este diario ha documentado abundantemente desde entonces, incluye a 35 ex miembros de la Marina de Guerra. En octubre pasado se inició el juicio y en setiembre próximo la fase oral, en la que la fiscalía ha pedido para los encausados penas entre 25 y 30 años de prisión.

La pretensión fujimorista no tiene asidero. El TC ha señalado que su decisión no ha reabierto un caso que se encontraba en giro y que su fallo subsanó un error en el conteo de votos que afectaba la parte resolutiva.

Más de un observador ha alertado de los afanes combinados de Fuerza Popular en este caso y anotan que tras de esta acusación al TC también se encuentra una presión cada vez menos disimulada a este organismo para que no declare la inconstitucionalidad de la reforma del Reglamento del Congreso que sanciona severamente a los renunciantes a una bancada.

Como se sabe, en mayo pasado, el TC admitió la demanda presentada por cuatro bancadas parlamentarias contra la llamada Ley contra el transfuguismo que les impide a quienes se alejan de una bancada conformar nuevos grupos parlamentarios, integrar la Mesa Directiva o una comisión dictaminadora, un cambio que ahora que se hacen evidentes los problemas internos del fujimorismo, busca forzar la unidad de este grupo a costa de las prerrogativas de los legisladores protegidos por la Constitución.

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