Caso Odebrecht: patrón de fallos que terminaron con prisión preventiva

Richard Concepción, juez que evalúa un pedido contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, dictó prisión preventiva contra seis procesados por el Caso Odebrecht.

12 Jul 2017 | 21:28 h

Caiga quien caiga. Desde que el escándalo de corrupción patrocinado por Odebrecht estalló en nuestro país, diez procesados por recibir dinero de la cuestionada constructora han visto complicada su situación legal tras dictarse en su contra prisión preventiva.

Tres jueces del Poder Judicial se han encargado de dirimir, a pedido del Ministerio Público, con resoluciones que limitan la libertad de los procesados o varían su condición con medidas de comparecencia. 

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El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, juez Richard Concepción Carhuancho, accedió a pedidos de la fiscalía y ordenó prisión preventiva para seis personas. 

Su lista lo componen el expresidente Alejandro Toledo y los ex funcionarios Jorge Cuba, Miguel Navarro, Jessica Tejada, Mariella Huerta y Juan Carlos Zevallos. El delito común que se les imputa es el de lavado de activos.

El magistrado podría conquistar una nueva resolución a favor de la Fiscalía de la Nación si admite la solicitud de prisión preventiva contra el exmandatario Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ambos son procesados por los aportes que recibió el Partido Nacionalista.

Ricardo Manrique Laura, juez de investigación preparatoria, tiene en su haber tres resoluciones distintas. Dictó prisión preventiva contra Edwin Luyo y Félix Moreno, aunque este último recuperó su libertad por un fallo en segunda instancia; y ordenó comparecencia restringida para el empresa Gil Shavit después que se acogiera a la colaboración eficaz.

El último juez que forma parte de la terna de magistrados designados para resolver pedidos por el Caso Odebrecht es el titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, Manuel Chuyo Zavaleta.

Este dictó prisión preventiva por 18 meses contra el exgobernador regional de Cusco, Jorge Acurio; y contra el empresario Gustavo Salazar, que se encuentra prófugo. También emitió un fallo de comparecencia restringida para el abogado José Zaragoza, calificado como colaborador eficaz. 
 

 

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