¿Es posible acabar con el crimen organizado?

2 Jul 2017 | 0:15 h

Carlos Basombrío
Ministro del Interior

Es importante iniciar con una distinción. En el Perú, hay dos expresiones muy diferentes del crimen organizado. La primera, la más antigua, es aquella que permite la histórica dificultad del Estado para controlar un territorio tan diverso y desafiante. Ello ha producido por muchas décadas contrabando, tala ilegal, trata de personas, minería ilegal, cultivos ilegales y, por encima de todas las anteriores por su perverso efecto, narcotráfico. (Dejo de lado a Sendero Luminoso, que si bien tiene un vínculo con lo anterior, tiene una especificidad propia que requiere un tratamiento particular).

La segunda manifestación del crimen organizado es mucho más reciente. Tiene poco más de una década y es un subproducto negativo del desarrollo económico de las últimas décadas y de los cambios en las lógicas de salida de la droga que, con mayor intensidad y frecuencia, transcurren por las ciudades y los puertos. Hablamos acá del crimen organizado en las ciudades.

Se trata de negocios criminales urbanos buscando beneficiarse de la nueva riqueza que se generó en los últimos lustros con el consiguiente boom de la construcción, mayor valor de terrenos por ciudades en expansión y una explosión de pequeños y medianos negocios. También influye el hecho de que el tráfico de drogas entra a ciudades y a puertos de salida del país y se imbrica con estos nuevos “negocios”. Apropiarse de parte o de toda la nueva riqueza emergente en las ciudades es su leit motiv. Sus armas principales son la extorsión y el sicariato. Su cobertura: el lavado de activos.

Enfrentar el primer fenómeno es una tarea compleja de mediano y largo plazo del Estado, que incluye, pero trasciende, al Ministerio del Interior.

En lo segundo, en el combate al crimen organizado en las ciudades, estamos ante una tarea enteramente nuestra y, lo firmo, es un fenómeno que podemos neutralizar y quizás acabar por completo para el Bicentenario.

La palabra clave para conseguirlo son los megaoperativos, a saber, el nombre que le hemos dado al paciente trabajo de grupos de inteligencia e investigación criminal de elite, al uso de tecnología de punta, a la penetración de las organizaciones, al trabajo coordinado con fiscales para armar casos sólidos que permitan condenas.

Estamos en una fase inicial de la nueva estrategia, pero en buen camino. El indicador paradigmático, la extorsión, había cedido ya a fines del 2016, por los primeros 30 megaoperativos. Según cifras del INEI en La Libertad, la región más afectada, la extorsión a empresas había bajado de 55,8 a 38,6; en Tumbes, de 42 a 20; en Piura, de 41,9 a 13,6; en Lambayeque, de 28,4 a 11,5; en Lima provincias, de 50,4 a 16,6. Usemos Arequipa como prueba de lo contrario: hasta ahora no hemos hecho allí ningún megaoperativo y la extorsión subió de 0,8 a 7,5.

Ahora bien, esa data es de hace siete meses y el trabajo ha continuado. Ya no son 30 los megaoperativos sino casi 70. Y para comprobar la magnitud del impacto, en los primeros 10 meses de este gobierno, agosto 2016 -junio 2017, comparado con agosto 2015- junio 2016, el número de personas ingresadas a los penales por delitos tipificados como crimen organizado es casi el doble. Así, según el INPE, se ha pasado de 4147 a 7163.

Los resultados están a la vista. Vamos a continuar, incluso, acelerar el ritmo. Para fin de año habremos llegado a los 100 megaoperativos y para fines del 2018, a 160. El camino está trazado, hay que recorrerlo con profesionalismo y aplicando siempre el principio de “caiga quien caiga”.

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