Situación de alcalde de Arequipa se complica más

La campiña. Aprobar planes urbanos que afectaron la campiña ha arrinconado a la autoridad. No solo hay un pedido de cárcel; la Fiscalía solicitó judicialmente la paralización del IMPLA. También se intervino municipio provincial y de Bustamante para llevarse documentación.  

10 Jun 2017 | 10:38 h

El verde es el color del movimiento regional del alcalde Alfredo Zegarra. Pero ese color que identifica la campiña se ha convertido también en pesadilla. Al pedido de cárcel contra él y nueve  regidores, la Fiscalía del Ambiente solicitó la paralización del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), que aplica las políticas urbanas de la ciudad. Este ente aprobó el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa el 2016, lo que significó cambiar de uso a 400 hectáreas de campiña.

La misma fiscalía ingresó a la secretaría general de la municipalidad para confiscar documentación relacionada al caso del Ecoparque Metropolitano de Arequipa, un área verde convertida hoy en sede de la universidad Continental. 

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Medida cautelar 

Sobre la acusación en su contra por aprobar el PDM, el alcalde señaló que aún no fue notificado, sin embargo, dijo que lo único que hicieron como autoridades fue aprobar un plan de gestión urbana. Señaló que se presentarán en las instancias correspondientes para demostrar que no hubo delitos.

A Zegarra le preocupa la decisión que adopte el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos Ambientales de Cerro Colorado. El magistrado deberá resolver una medida  cautelar planteada por la Fiscalía para suspender todo acto administrativo que implique la ejecución del PDM.  

Se paralizarían las habilitaciones urbanas y la aprobación de los planes específicos de Carmen Alto y Centro Histórico, hasta que culmine el proceso judicial. 

"Arequipa quedaría paralizada y no hay desarrollo. Estaríamos como el cangrejo. Finalmente, que ellos manejen la ciudad", señaló molesto el alcalde.  

Aseveró que el juez encargado de resolver la medida cautelar tiene que tener en cuenta el peligro que significaría aprobar la medida.  

Caso Ecoparque

La jornada concluyó de la peor manera para el burgomaestre. La Fiscalía de Ambiente intervino la comuna provincial y municipio de José Luis Bustamante y Rivero para recabar documentos originales a fin de concluir la investigación sobre la aprobación del plan específico del Ecoparque, ubicado en Bustamante, y que significaron convertir esa área en sede de una universidad. La fiscalía investiga si hubo irregularidades en la conformidad de este documento.  

El fiscal encargado de la investigación, Luis Ruiz Caro, indicó que los documentos recabados se necesitaban para corroborar las imputaciones realizadas por el exregidor Heber Cueva.   

Cueva señaló que en una sesión de concejo provincial realizada el 2014, el alcalde les indicó a los regidores que se protegería las áreas agrícolas. Sin embargo, se terminó aprobando el Ecoparque, que contemplaba la construcción de la sede en Arequipa de la Universidad Continental. 

En la municipalidad distrital se recabó la licencia de edificación de la universidad. En los documentos del expediente de la Continental no halló la Certificación Ambiental, por lo que se iniciará una nueva investigación. 

Representantes de la casa de estudios indicaron que se presentó todos los requisitos que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del municipio obligaba. Están a la espera que la fiscalía los notifique para dar sus descargos. 

La investigación se encuentra en su etapa final. Alfredo Zegarra, Jimmy Ojeda y José Toranzo volverán a ser citados para declarar. En 15 días el fiscal a cargo del caso decidirá si acusa a los investigados o archiva el mismo. 

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