Juez ordena detener proceso de límites entre Puno y Moquegua

Fundamento. Para el magistrado Fredy Fernández se debe frenar delimitación debido al incumplimiento del artículo 30 de la Ley de Demarcación Territorial. Procurador de Puno anunció que apelará medida determinada por el Poder Judicial.

7 Jun 2017 | 1:00 h

La disputa por límites entre Puno y Moquegua ahora llegó al Poder Judicial. El Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto declaró procedente la medida cautelar presentada por el procurador de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Florencio Percy Zeballos. 

La demanda fue planteada en contra del Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Puno; así como de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SEDOT) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo se dispuso la suspensión del procedimiento e informe final Nro. 45 que fijaba nuevos límites de los tramos I y II favorables a Puno. Este informe lo emitió SEDOT, el pasado 18 de abril. 

El juez Fredy Fernández fundamenta que al momento de elaborarse este documento técnico y definir los límites se incumplió con el artículo 30 del Reglamento de la Ley 27795 de Demarcación Territorial.

La norma exige que para zanjar límites interdepartamentales no solo se debe tomar en cuenta las leyes de creación de circunscripciones; sino también los Estudios de Diagnóstico de Zonificación de provincias colindantes. 

Según el procurador moqueguano Zeballos, este último aspecto no se tomó en consideración. Refiere que ahora falta resolver el proceso principal, la acción de amparo.

Reacción de Puno

En el Altiplano tampoco se quedarán con las manos cruzadas. El procurador de la Municipalidad Provincial de Puno, Carlos Ticona, anunció que apelará la medida.

Además señaló que nuevamente quejarán al magistrado Fredy Fernández ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). Lamentó que se haya admitido la medida cautelar.

El mismo magistrado ya fue quejado antes por no haber notificado válidamente a la Procuraduría de la PCM y SEDOT sobre la acción de amparo.

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