Ejecutivo peruano de Odebrecht fue procesado durante el fujimorato

En la red. Javier Chumán aparece implicado en irregularidades de la constructora brasileña por obra adjudicada en 1998 que pasó de 49 millones a 60 millones de soles. También figura en negocios turbios en México y Angola.

11 May 2017 | 1:40 h

Javier Chumán Rojas es un ingeniero civil nacido hace 45 años en la ciudad de Trujillo, La Libertad, y directivo desde hace más de 20 años en proyectos de Odebrecht en diferentes naciones. Mantuvo un perfil bajo hasta que la operación Lava Jato, el más importante caso anticorrupción en Latinoamérica, lo ha revelado como un hombre clave en países donde la constructora brasileña está acusada de haber controlado la adjudicación de obras públicas mediante sobornos, tal como sus ejecutivos confesaron el año pasado a las autoridades de Estados Unidos y de Brasil.

En Perú, en enero de 1998, era gerente de la empresa brasileña cuando ésta ya había obtenido la adjudicación de la construcción del canal Apacheta-Choccoro en Ayacucho con recursos públicos suministrados por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), un organismo controlado directamente por el Ministerio de la Presidencia, oficina reactivada por el presidente Alberto Fujimori en 1992.

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Las irregularidades detectadas en la construcción del canal, en medio de sospechas de corrupción, generaron que Chumán y otros ejecutivos de Odebrecht fueran denunciados y procesados junto con funcionarios peruanos.

Sin embargo, este caso fue silenciado con los años y sobre el rol de Chumán en la corporación brasileña no se supo hasta octubre del 2016, cuando fiscales brasileños de la operación Lava Jato acusaron formalmente al ex presidente Luis Inacio Lula da Silva de beneficiar a Odebrecht en la obtención de contratos en Angola. Esta vez, Convoca.pe revela los detalles del caso como parte del proyecto ‘Memorias de la Corrupción’ publicado en alianza con La República.

Según la denuncia de la Fiscalía de Brasilia, Lula –que presidió Brasil entre 2003 y 2010– actuó “en la concesión de préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) y en la obtención de los negocios en Angola, los cuales “permitieron a la empresa (Odebrecht) exportar sus servicios de ingeniería a aquel país”. Esto le permitió al ex presidente Lula obtener “ventajas pecuniarias” a cambio de la colaboración.

En contrapartida, Odebrecht distribuyó a los involucrados, de forma soterrada, montos de dinero que superan los 20 millones de reales a través de Exergia Brasil, sociedad creada por Taiguara Rodrigues, sobrino de Lula. La justicia brasileña sostiene que esa compañía fue usada por el ex mandatario para lavar dinero y que la empresa de su familiar obtuvo contratos de la constructora en Angola entre 2011 y 2015. La Policía Federal de Brasil incluyó al peruano en la indagación por blanqueo de dinero luego que se analizaran 17 contratos firmados por este, justamente como director de contratos de Odebrecht en la construcción de una carretera en Luanda, la capital angoleña.

Rastros en el Perú

Varios años antes de verse involucrado en Lava Jato, Chumán fue denunciado por irregularidades en la construcción del canal Apacheta-Choccoro, un proyecto ansiado largamente por los ayacuchanos y que tenía como objetivo dotar de agua potable a 104 comunidades de 13 distritos de la región Ayacucho.

En enero de 1998, época en que Odebrecht se había convertido en una de las principales beneficiarias de las obras del gobierno de Alberto Fujimori, la compañía brasileña se adjudicó una licitación pública gracias a una convocatoria hecha por el Proyecto Especial Río Cachi (PERC), organismo creado por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). Chumán Rojas fue el responsable de Ingeniería del consorcio durante el año y medio que duró su ejecución.

Casi dos años después de construida la obra, en 2001, el canal comenzó a presentar fisuras de revestimiento en su interior. En mayo del 2003, el juez Fernando Solari, del Tercer Juzgado Penal de Huamanga, tomó en cuenta la denuncia del procurador público Regis Huamán García y abrió instrucción penal contra los tres funcionarios del Proyecto Especial Río Cachi por colusión Ilegal y peculado, y a cinco ejecutivos de la empresa contratista Norberto Odebrecht, entre otros, por los delitos de estafa, asociación ilícita y peculado, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Convoca.pe.

Chumán fue incluido en la investigación, así como otros cuatro directivos brasileños que años después ocuparían cargos claves dentro de la gigante brasileña. Ernesto Sa Vieira Baiardi, jefe de proyectos para África, Emiratos Árabes y Portugal, se acogió el año pasado a la delación premiada en Brasil. Ernesto Baiardi fue el jefe directo del peruano Chumán durante la ejecución de la obra en Ayacucho. También fue procesado en este caso Raymundo Trinidade Serra, gerente general de Odebrecht Perú en los últimos seis años con participación en las concesiones del proyecto Olmos y las hidroeléctricas otorgadas a la firma en los ríos Ene y Marañón, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El caso judicial se prolongó durante tres años. El procurador Regis Huamán, que vio el proceso penal, exigió que la empresa no rectificara las irregularidades para impedir que se borraran las pruebas del delito. En junio del 2003 fue apartado del caso por decisión de la procuradora del gobierno de Alejandro Toledo, María del Pilar Freitas, contó Regis Huamán a Convoca.pe.

“La doctora me preguntó por qué denuncié a Odebrecht sin su conocimiento. Le respondí que sí le informé del caso por escrito. Yo no necesitaba de su consentimiento, yo no podía darle cuenta a nadie, porque mi función de procurador era defender los intereses del Estado”, declaró el abogado ayacuchano.

Meses antes, a fines del 2002, la comisión congresal que investigó los delitos económicos cometidos durante el gobierno de Fujimori, presidida por el parlamentario Javier Diez Canseco, expresó en su informe final sobre las licitaciones y adquisiciones con recursos públicos, que hubo “indicios razonables de responsabilidad administrativa y legal de altos funcionarios que intervinieron en la ejecución de la obra (Proyecto Especial Río Cachi, Apacheta-Choccoro), en desmedro de su eficiencia”.

Para 2003, mientras el Congreso y el Poder Judicial investigaban, Chumán trabajaba temporalmente en Perú como gerente de Ingeniería para Mendes Junior Group, otra compañía brasileña acusada de formar parte del club de empresas asociadas al esquema de corrupción y cuyo ex vicepresidente Sérgio Cunha está ahora condenado a 19 años de prisión.

Proceso archivado

El 23 de marzo del 2006, tres años después de iniciadas las indagaciones y pese al conjunto de evidencias halladas por las autoridades, el fiscal superior de Ayacucho Henry Laud opinó que el caso debía archivarse.

Chumán y los otros cuatro ejecutivos, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias –defensa de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, en el proceso Lava Jato abierto en Perú–, lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil.

La Sala Penal de Ayacucho al no estar de acuerdo con la opinión del fiscal Laud, solicitó el 17 de abril de ese mismo año que el dictamen sea visto en Lima por la Fiscalía Suprema en lo penal. De acuerdo con la resolución del 3 de mayo del 2006 que Convoca.pe tiene en su poder, el fiscal supremo José Peláez Bardales, luego de revisar más de cuatro mil folios en solo 15 días, aprobó el dictamen del fiscal superior Laud y solicitó a la Sala que se dictara el archivamiento.

La Sala Penal de Ayacucho archivó el caso en una resolución de fecha de 22 de mayo del 2006 que figura en el expediente 2003-185, dejando claro que la decisión de no seguir adelante el caso era responsabilidad de la Fiscalía.

Convoca.pe intentó comunicarse con Javier Chumán Rojas para obtener una versión del grado de responsabilidad en los casos de corrupción en Angola, Brasil, México y Perú, pero no fue posible localizarlo. Chumán registra su última salida de Perú el pasado 6 de enero, dos semanas después de que el Departamento de Justicia de los EE.UU. revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.

Los negocios en México del peruano de Odebrecht

En 2015, mientras la Policía Federal de Brasil acumulaba evidencias contra el peruano Javier Chumán, éste encabezaba los negocios de la firma brasileña con el Estado de Veracruz como reveló Mexicanos contra la Corrrupción y la Impunidad. En Veracruz, Odebrecht tenía 13 empresas y cuatro permisos para explotar recursos naturales gracias a su gobernador Javier Duarte, un abogado del PRI, arrestado desde el 16 de abril pasado en Guatemala por haber aprovechado su cargo para desviar millones de dólares.
 
El 9 de junio del 2015, la filial de Obredecht Ambiental, cuyo directivo principal era Chumán, ganó la concesión del manejo del agua potable en sectores periféricos de Veracruz por un plazo de 30 años y dos semanas después, el gobierno de Duarte se asoció a Odebrecht para constituir la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, conocida como MAS. Chumán Rojas figura como presidente de esta sociedad.

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