Medias verdades en el proyecto a favor de la minería ilegal

Polémica. Fujimorista Aramayo argumenta una supuesta falta de claridad entre los tipos de minería ilegal e informal. Expertos Iván Lanegra y Julia Cuadros desmienten tal versión.

3 May 2017 | 1:31 h

Uno de los principales argumentos que esgrime la congresista fujimorista Alejandra Aramayo en su proyecto de ley (1095) para retirar a la minería ilegal de la Ley de Crimen Organizado es que, en la actualidad, las normas no determinarían con claridad las diferencias entre la minería ilegal y la minería informal.

Consultado al respecto, el ex viceministro de Interculturalidad y experto en temas ambientales Iván Lanegra explicó que la normatividad vigente sí contempla pautas claras para la calificación de la minería ilegal.

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“La minería ilegal es aquella que se practica en áreas legalmente prohibidas, como las áreas naturales protegidas o las zonas arqueológicas. Hay una primera distinción por la ubicación”, apuntó.

En segundo lugar, detalló que la minería ilegal también está determinada por el uso insumos y equipos que están prohibidos por ley, como es el caso de las dragas. “Ese tipo de minería es automáticamente ilegal”, resaltó.

En la misma línea, la abogada Julia Cuadros, especialista en minería de pequeña escala de la organización Cooperacción, enfatizó que hay “absoluta claridad en las normas que regulan la minería ilegal y la minería informal”.

“El Decreto Legislativo 1102, que incorpora el delito de minería ilegal en el Código Penal, también señala la tipicidad cuando la actividad pone en riesgo la vida, la salud o el patrimonio de las personas, o si afecta aguas de consumo humano o si involucra a menores de edad”, detalló.

Julia Cuadros advirtió que Fuerza Popular buscaría confundir a la opinión pública, con el fin de favorecer determinados intereses económicos o de clientelismo, “en perjuicio de la salud del país”.

Lanegra precisó que no todos los supuestos de minería ilegal están tipificados como crimen organizado. “Hablamos de crimen organizado cuando hay muchos actores que coordinan para que la actividad funcione, ya sea a través de la provisión de insumos, el transporte o el combustible”.

“Cuando hay toda una organización, no se puede reducir a la idea de un crimen común”, expresó tras recordar que hay otros hechos graves vinculados con la minería ilegal, como la trata de personas, el tráfico ilegal de insumos y el lavado de activos.

Lanegra y Cuadros, sin embargo, coinciden en que debe mejorarse la normatividad para la formalización minera, pero esto no debe significar un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

Ambos expertos recordaron que, en campaña, la entonces candidata Keiko Fujimori firmó un acta con gremios mineros, con el claro propósito de flexibilizar las normas vigentes.

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