El silencio investigativo

Coyuntura de una citación. El caso de la Corte Suprema. Los argumentos del Ministerio Público. La improbable citación por la fuerza. ¿Conocer todo después de dos años? Lo mejor: flexibilizar la rigidez.

7 Feb 2017 | 1:30 h

La mayor intensidad del Ministerio Público en los casos de sobornos por parte de empresas brasileñas pone en discusión dos temas. Por un lado, hasta qué punto puede ser informada una comisión del Congreso que tiene fines investigativos de distinta naturaleza (el Congreso hace control político, no investiga delitos). Por otro, el de la autonomía del Ministerio Público. Luego de varios días de tensión, la Junta de Fiscales Supremos decidió no autorizar al magistrado encargado de los casos, Hamilton Castro, a presentarse en la Comisión Lava Jato del Congreso.

La decisión, si bien nace a raíz de la investigación Lava Jato, puede aplicarse a cualquier otro proceso. Estaríamos ante el fin del desfile de fiscales investigadores ante comisiones del parlamento. Un parlamentario llegó a decir que Hamilton Castro debía ser llevado al Congreso de grado o fuerza y otro apoyó una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Aunque la fiscalía se basó en la independencia que le otorga la Constitución y su Ley Orgánica, Hamilton Castro fue citado al Congreso en una coyuntura sensible. Se iba a Brasil, a recibir información que serviría para atrapar a Alejandro Toledo.

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Tres fuentes

De los tres lugares donde nacen los insumos de su investigación —Suiza, Brasil y Perú, principalmente— los dos primeros son los de mayor importancia. En Suiza hay un CPU con todos los sobornos de las empresas brasileñas a escala global. El arte del asunto para el Ministerio Público es qué información pedir y para qué caso, porque cada cesión viene para un uso específico. Por eso, parte de la información sobre los depósitos de Toledo, que Castro usaría para pedir la detención del ex presidente en el marco de Lava Jato, no puede ser empleada hasta ahora —falta una autorización desde Gran Bretaña— por la fiscal del caso Ecoteva, Manuela Villar.

En segundo lugar, en Brasil están, entre otros, los insumos que se deriven de las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht que ya fueron homologadas por el Tribunal Supremo Federal (TSF), las delaciones premiadas que correspondan a otras empresas y las confesiones que la propia fiscalía peruana pueda obtener en Brasil por parte de los imputados o sentenciados. Los beneficios judiciales que estos obtuvieron no valen para el Perú, que puede perseguirlos internacionalmente si hubiera hechos delictivos no juzgados en Brasil. Aun cuando una delación premiada no haya sido homologada por el TSF —en esta fase el Ministerio Público brasileño no puede compartir la información con contrapartes— los delatores pueden confesar a la justicia de otros países, según su propia estrategia de defensa.

Grado o fuerza

Aun cuando los parlamentarios de la Comisión Lava Jato, como afirman, no pidan avances de investigaciones, la propia información colateral está mejor protegida si no se comparte. Por ejemplo: ¿hay otros delatores brasileños colaborando con el Perú?, ¿cuántos? Como muchos saben, la propia operación sobre Toledo se filtró, aparentemente sin costo para las investigaciones. El allanamiento de la casa del ex mandatario se produjo sin que hubiera sustracción de posibles evidencias.

La reunión de ayer entre el Fiscal de la Nación y la presidenta del Congreso hace improbable que en un corto plazo un juez tuviera que resolver el pedido de llevar por la fuerza a un fiscal al Congreso. Esto solo se podría imaginar en el caso de que el Ministerio Público o el Congreso hayan llevado el uso de sus fueros y atribuciones fuera de un límite razonable. Y las de perder la llevaría el Congreso. Cuando la comisión congresal que investigaba la corrupción de Áncash, presidida por Mesías Guevara, quiso citar al presidente del Poder Judicial para que explicara los convenios que este poder del Estado había suscrito con el gobierno regional encabezado por César Álvarez, Javier Villa Stein se negó. Cuando lo amenazaron con llevarlo de grado o fuerza, se burló.

—Vengan, pues, a detenerme —dijo—. Los estoy esperando.

Cuestión reservada

El argumento de la Corte Suprema era que las investigaciones sobre la corrupción en Áncash ya estaban judicializadas. La carta de los fiscales supremos al Congreso, la semana pasada, roza el mismo argumento. Cita el artículo 139º, inciso c, de la Constitución Política: “Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones…”. Sugiere que ingresaron indebidamente a una materia vista por el Ministerio Público, aunque este no es, propiamente, un “órgano jurisdiccional”.

Sin embargo, la carta del Ministerio Público también justifica su inasistencia por la obligación que tiene de mantener la reserva de la investigación. Menciona diversas disposiciones de la legislación procesal penal vigente que le impiden dar a conocer diligencias por hacer e incluso realizadas, salvo a las partes, sometidas igualmente a reglas de reserva. En privado, el Fiscal de la Nación suele decir que Hamilton Castro no le informa de lo que investiga. En público ha revelado no conocer detalles importantes de lo que ocurrirá.

Otra manera

Sin embargo, el seguimiento estricto de las normas de reserva llevaría a ocultar todas las partes de un proceso investigativo hasta cuando haya audiencias o juicio oral, a veces después de dos años de investigación. ¿Soporta un caso como el de Lava Jato un hermetismo de esta naturaleza? Como el secretismo absoluto es insostenible se producirán filtraciones, recurso preferido por jueces y fiscales a la de informar periódicamente de sus procesos. En Brasil, como se sabe, el sistema de justicia decidió publicar documentación, pruebas, delaciones premiadas y materiales que ya cumplieron su misión en la investigación, de manera que la población está ampliamente informada de los detalles del proceso. Los periodistas están continuamente desclasificando documentos en el sitio web donde se aloja el proceso Lava Jato. La publicidad de lo actuado también ha tenido un efecto político poderoso: poner a la opinión pública del lado de los investigadores, ante el malhumor de la clase política.

—Aquí no se puede hacer eso, el sistema judicial del Perú es distinto —dice el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez—. Allá hay juez investigador, aquí quien investiga es el fiscal. No es que aquí falte un Sergio Moro. Nuestro juez es distinto.

La tendencia nacional es la de interpretar rígidamente las normas de la reserva. En otros países, la reserva se entiende como un mecanismo para proteger la eficacia de la investigación y los derechos de los investigados o procesados. Pero cuando esa necesidad no existe o el riesgo es mínimo, ¿se justifica la reserva? Lo mejor sería flexibilizar la rigidez. 

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