José Ugaz: “No conviene que se hagan investigaciones paralelas al Ministerio Público”

Entrevista a José Ugaz Sánchez-Moreno. Presidente de Transparencia Internacional, ex procurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos.

3 Ene 2017 | 1:28 h

El ex procurador José Ugaz, y presidente de Transparencia Internacional, señala un camino para que el Perú anticipe compensaciones de las compañías brasileras por los daños de la corrupción del caso Lava Jato. Además, considera que el Parlamento no es la instancia adecuada para investigar las corruptelas que involucran a varios gobiernos en el país.

¿Cómo se puede adelantar una compensación al Estado peruano por el caso Lava Jato?

Las indemnizaciones son producto de sentencias judiciales. Es el camino normal. Pero si el Estado tuviera indicios de hechos delictivos, podría –al amparo de cláusulas de los contratos– sentarse con los responsables y establecer un nivel de transacción y seguir una estrategia que le permita, sin tener que pasar por juicios que pueden ser largos y complejos, un acuerdo para recuperar dinero. Algo parecido a lo que ha hecho Estados Unidos: renuncia a procesar judicialmente a los responsables de estos casos, pero les impone una multa de 3 mil 500 millones de dólares.

¿En los contratos con el Perú existen esas cláusulas?

Habría que revisarlos. Sé que en uno hay una cláusula anticorrupción que señala que, si hay prácticas ilegales, el contratista pierde la opción y debe ser separado. Me imagino que está previsto algún tipo de indemnización. Hay que ir contrato por contrato y ver las cláusulas que regulan la relación Estado-empresa.

Así evitaríamos que pase demasiado tiempo hasta recuperar los fondos del perjuicio.

Claro. Sería producto de una transacción en que lo mínimo a pedir sería una confesión para saber qué pasó, cómo se cometieron los hechos, cuál es el monto del perjuicio y definir esa devolución dineraria.

¿Hay antecedentes en el Perú en seguir este camino?

Negociaciones entre el Estado y empresas tiene que haber habido. En otros casos, acaban en arbitrajes o juicios, depende de cada situación.

En arbitrajes con las compañías brasileras, nuestro Estado perdió la mayoría de veces.

No ha sido muy bueno defendiendo sus intereses, lamentablemente, pero esto abre una oportunidad, siguiendo el ejemplo de lo logrado por otros países, para poder llegar a ese tipo de compensaciones.

¿Qué pasa con las obras en que exigen sacar a la empresa?

No es tan fácil como decir “que se vaya”. A partir del contrato, se define la estrategia. No detener el desarrollo de la infraestructura debe ser una prioridad. Dependerá de cómo el Estado vea sus prioridades.

¿Qué hacer para afrontar lo que viene en Lava Jato?

Corresponde al Ejecutivo establecer un equipo con profesionales que evalúe los contratos y, en función a eso, aporte evidencia a la Fiscalía y tenga las bases para decidir las estrategias de negociación. Si no se tiene información, es difícil llegar a algún acuerdo.

¿Y cómo ve al Poder Judicial y el Ministerio Público?

Tienen que cumplir su rol. De la Fiscalía es investigar y establecer niveles de responsabilidad para promover acciones penales o llegar a acuerdos negociados con los responsables de delitos. Del Poder Judicial, es juzgar y cuando se le propongan los acuerdos, llegar a los entendimientos necesarios.

¿Se hace lo necesario?

Hasta donde se sabe, la Fiscalía ha hecho su trabajo y está dando cuenta del avance. Una investigación profesional no tiene por qué ser pública, debe tener reserva para no alertar investigados ni dañar pruebas.

Acaba de anunciar que negocia con Odebrecht el pago de adelanto por ganancias ilícitas.

Quiere decir que ya tienen información y que les permitirá conducir acuerdos con investigación en el contexto de las normas peruanas y el sistema de colaboración eficaz.

Hay presión para que se den nombres, alegando que en otros países sí se han dado.

Es un error hacer comparaciones automáticas y mecánicas. El avance de las investigaciones depende de cada país. Cada autoridad debe desarrollar su propia estrategia. En algunos casos, han logrado ciertos acuerdos. El Perú, en su momento, seguro hará lo propio. Sería absurdo que ahora empiecen a dar nombres cuando las investigaciones aún están en un nivel incipiente.

¿Qué corresponde al sector político por lo que viene?

Al Ejecutivo tomar las medidas necesarias para aportar desde su lado. No conviene que se hagan investigaciones paralelas al Ministerio Público, que es el órgano constitucionalmente llamado a hacer este trabajo.

¿La comisión Lava Jato del Congreso no sería un aporte?

El Congreso es un foro político y, por tanto, no es el llamado a hacer una investigación técnica y profesional. Para eso existe un sistema de justicia formado por procuradores, fiscales y jueces. La historia ha enseñado que en muy contados casos las comisiones investigadoras del Congreso han llegado a un resultado útil.

¿Qué candados deben ponerse para que casos como Odebrecht no vuelvan a darse?

Una política integral, desde medidas para prevenir estas circunstancias, en el diseño de bases, procesos de licitación y su transparencia. Al sector privado también le corresponde cierta responsabilidad porque muchas empresas sabían lo que pasaba y nunca alertaron. Esto debe llevar a una reflexión profunda para que se adopten las medidas necesarias antes de sacar una licitación, durante el proceso y en la ejecución. No es posible que muchos de esos proyectos hayan terminado costando varias veces más el precio original del contrato.

Los aportes a campaña fueron parte del esquema de corrupción en otros países. Ese es tema pendiente en el Perú.

La sociedad civil ha venido exigiendo reformas. La clase política y el Congreso no han estado a la altura de ese reto. Hoy sigue habiendo muy poca trasparencia en el manejo de fondos de los partidos políticos y las fuentes de financiamiento. Y mientras eso ocurra, este tipo de situaciones se van a seguir presentando.

Son los mismos políticos los que deben normar esto. ¿Cómo salir de ese conflicto?

Es una contradicción: los que serán afectados por estas medidas tienen el poder para adoptarlas. La experiencia internacional muestra que cuando hay una ciudadanía alerta e indignada, como ocurre cada vez más en nuestro medio, la clase política, o adopta las reglas que la ciudadanía espera, o se ve destinada a desaparecer. 

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